Pobreza y discriminación castigan a indígenas de Panamá

Los ocho pueblos indígenas de Panamá, que representan el 12 por ciento de la población del país, tienen la pobreza y la discriminación entre sus principales desafíos.

El dirigente indígena Betanio Chiquidama, identificó en entrevista con Notimex esos añejos problemas como "difíciles" de erradicar por la falta de políticas públicas destinadas a combatir esos fenómenos.

De acuerdo con las cifras más recientes, en Panamá viven 417 mil indígenas distribuidos en siete pueblos diferenciados que habitan cinco comarcas, para disponer del 20 por ciento del territorio nacional.

Las leyes panameñas reconocen los derechos de los pueblos originarios sobre sus territorios al incorporar en la Constitución la figura de las comarcas, de propiedad colectiva y con un régimen administrativo autónomo.

Esa característica fue destacada por el relator de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, James Anaya, quien en julio pasado visitó esta nación para preparar un informe sobre la situación de las etnias panameñas a fin de ser presentado en 2014.

"Las comarcas son un importante ejemplo de afirmación de los derechos de los pueblos indígenas a nivel mundial, constituyendo un referente de protección de los derechos de propiedad y de autogobierno de los pueblos indígenas para otros países", dijo Anaya en aquella ocasión.

De los ocho pueblos existentes, el mayoritario es el Ngäbe con 260 mil integrantes (62.3 por ciento), seguido de los gunas con 80 mil, los embera con 31 mil, los Buglé con 24 mil, los Wounaan con siete mil, los naso con cuatro mil, los Bokota mil 959 y Bri Bri mil.

Estudios antropológicos señalan que mientras los emberá y wounaan hablan lenguas Chocó (desde Panamá hacia Ecuador, en el litoral Pacífico), los otros se comunican en idiomas del tronco Chibcha (desde Honduras hasta Venezuela).

Aunque Chiquidama, dirigente de la comarca Embera-wounaan, señaló que la legislación otorga reconocimiento sobre territorio, indicó que siempre deben permanecer en la lucha de reforzar lo relativo a sus derechos a la tierra que habitan.

El año pasado, indígenas -apoyados por otros sectores sociales- salieron en defensa del territorio del grupo Ngäbe-Buglé ante supuestas pretensiones del gobierno central de permitir la explotación minera en áreas nativas.

Protestas sociales llevaron al gobierno del presidente Ricardo Martinelli a dar marcha atrás en una ley minera.

Chiquidama mencionó que los pueblos indígenas ya no necesitan más foros sobre sus derechos, en alusión a la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas del año próximo en Naciones Unidas (ONU), porque hasta ahora las declaraciones "no han sido vinculantes".

"Deben hacer ya aterrizar las declaraciones que han hecho sobre los territorios, que eso se haga realidad", manifestó el dirigente Emberá al mencionar que este tipo de reuniones se caracteriza por la cantidad de "etnoviajeros" convocados.

Cifras oficiales señalan que la pobreza de Panamá, de alrededor de 25.8 por ciento en promedio nacional, es de 89.8 por ciento en las comarcas indígenas.

A juicio de Chiquidama, la pobreza se puede combatir en la medida en que se formen líderes comunitarios y con políticas claras para desarrollar infraestructura que les permita a las comunidades llevar sus productos a los consumidores sin intermediarios.