Reportan que liberaron a 74 indígenas en Campeche

La delegación en Campeche de la Comisión de Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) informó que logró la liberación de 74 indígenas hablantes de las lenguas mam, chol, chuj, tzotzil y tzeltal.

Indicó que esas personas, de los municipios de Candelaria, Calkini, Campeche, Champotón, Escárcega y Hopelchen, quedaron libres gracias al programa de Excarcelamiento a Presos Indígenas.

El delegado de la CDI, Álvaro Leovigildo Castillo Ortegón, dijo que también se ofreció asistencia de intérpretes-traductores, rubro al que canalizaron 332 mil 280 pesos en apoyo en la traducción en beneficio de 65 indígenas que se encuentran en alguna situación legal.

De los 74 indígenas liberados de las penitenciarías de Campeche, 36 de ellos fueron excarcelados mediante acciones directas de la CDI y ejecución de convenios interinstitucionales, mientras que en el resto de los casos se efectuaron las gestiones recursos económicos de esta delegación federal por 257 mil 960 pesos, explicó.

El funcionario dijo que el objeto es contribuir a que la población indígena sujeta a un proceso legal acceda a la jurisdicción del estado conforme a derecho.

"Aplicar recursos económicos para garantizar la libertad de personas indígenas y proporcionar servicios de atención jurídica a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas a través de asesoría y gestoría, como acciones asociadas al fin primordial de promover la libertad de personas indígenas", indicó.

Otra acción que se lleva a cabo mediante ese programa es el apoyo que se les brinda a las personas indígenas involucradas en asuntos de carácter legal en materia penal o penitenciaria con la asistencia de intérpretes-traductores en lenguas indígenas, añadió.

En ese rubro, dio a conocer que se realizaron 65 acciones, sobre todo en las lenguas chol, tzotzil, tzeltal, zoque y maya, motivo por el que se erogaron recursos económicos por 74 mil 320 pesos.

Castillo Ortegón planteó la necesidad de actualizar el diagnóstico de la población indígena privada de la libertad, para conocer sus características socioculturales, económicas y jurídicas e impulsar acciones institucionales en materia de excarcelación y atención jurídica.

De esa manera, abundó, obtener un censo penitenciario que permita conocer la realidad de la situación por la que atraviesan los internos en los dos reclusorios de la entidad.