Abstencionismo hace peligrar democracia en Costa Rica: obispo

Si continúa en aumento el abstencionismo en Costa Rica, será el fin de la democracia en este país, advirtió hoy aquí el nuevo obispo costarricense, el franciscano Gabriel Enrique Montero.

El abstencionismo no es solución, indicó Montero en conferencia de prensa, durante la cual se anunció su nombramiento como obispo de la sureña diócesis costarricense de San Isidro de El General.

Montero, sacerdote de la Orden de los Franciscanos Menores Conventuales, fue nombrado este martes por el Papa Francisco en reemplazo de Guillermo Loría, quien renunció al cargo a raíz de que cumplió 75 años de edad.

"No puedo compartir que la gente opte por el abstencionismo como una solución (...) Si el abstencionismo sigue creciendo, podemos estar seguros que ese es el fin de la democracia en Costa Rica", indicó en el encuentro con periodistas en la sede de la Nunciatura Apostólica.

Asimismo, sostuvo que los candidatos presidenciales que contenderán en febrero próximo deben tomar en cuenta el descontento de los costarricenses respecto a la clase política y tienen que aprender la lección de que se gobierna para la población, no para sectores.

"Si ellos no aprenden la lección que gobernar es gobernar para el pueblo, y no gobernar para ellos o para sus amigos íntimos (...) yo creo que la deserción va a seguir, y será inevitable llegar a una crisis de la democracia", pronosticó.

Casi tres millones 100 mil costarricenses están inscritos para votar en las elecciones del 2 de febrero próximo, en las que se elegirán al mandatario, dos vicepresidentes y a los 57 miembros de la Asamblea Legislativa (congreso unicameral) para el periodo 2014-2018.

En esta nación centroamericana de aproximadamente 4.6 millones de habitantes y algo más de tres millones de votantes registrados, el abstencionismo electoral es un fenómeno al alza en términos generales.

Durante el periodo de 1962 a 1994 se mantuvo en alrededor de 20 por ciento, hasta llegar a casi 35 por ciento en los comicios presidenciales y parlamentarios de 2006, para descender en los más recientes (2010) a casi 31 por ciento.