Valida TEPJF resultados de tres elecciones municipales y anula otra

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió validar tres elecciones municipales y anular otra, luego que en ellas se presentaran actos violentos como quema de urnas y material electoral.

En las que fueron validadas los magistrados privilegiaron el respeto a la emisión del sufragio y la voluntad popular por encima de hechos aislados y focalizados de violencia, en tanto que la anulación se fundamentó en la falta de certeza de los resultados.

Sólo el magistrado Flavio Galván Rivera se pronunció por la anulación en todos los casos, por considerar que la violencia pone en entredicho la celebración de elecciones libres y auténticas, requisito indispensable que establece el Artículo 41 de la Constitución.

En la sesión del TEPJF concluida durante las primeras horas de este martes, los magistrados se manifestaron contra la violencia que tiene como finalidad alterar la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Recordaron que durante los comicios celebrados en Coscomatepec de Bravo e Ixhuatlán del Café, en Veracruz, así como en San Miguel Tlacamama y San José Tenango, en Oaxaca, se registró la quema de urnas y otro material electoral.

Por unanimidad, se confirmó la declaración de nulidad en la elección del municipio de San Miguel Tlacamama, Oaxaca, decretada por la Sala Regional Xalapa del TEPJF debido a que, entre otros hechos de violencia, se destruyeron tres de los cinco paquetes electorales y el partido ganador sólo presentó copias de las actas de escrutinio.

En los otros tres casos, seis de los siete magistrados sí le dieron validez a las copias de las actas presentadas por los partidos, con el argumento de que éstos no impugnaron el contenido de los resultados reflejados en las copias.

Al respecto el magistrado Manuel González Oropeza aseveró que de esta manera se privilegió el respeto al voto emitido en las urnas por los ciudadanos, a pesar de que "algunas personas, con la negligencia y la ilicitud de sus actos, provocaron la quema de boletas".

Subrayó que las copias de las actas no fueron cuestionadas en su validez y, por el contrario, fueron resguardadas por los representantes de los partidos políticos.

La magistrada María del Carmen Alanis aseguró, a su vez, que no se violó el principio constitucional de certeza ya que por otros medios probatorios que se encontraban en los expedientes, como las copias de las actas, fue posible confirmar los resultados.

En razón del principio de certeza, la validez de la elección debe subsistir cuando no se tengan todos los elementos necesarios y suficientes para anularla, debiendo respetar el voto de los ciudadanos.

Alanis Figueroa aceptó que los hechos de violencia son incontrastables, pero insistió en que el Tribunal Electoral Federal ha sido consistente en garantizar la voluntad de los electores.

Por ello, "cuando existan otros elementos que sirvan para obtener los resultados y estos no han sido objetados ni demostrada su falsedad, deberán tomarse en cuenta para obtener los resultados".

En su oportunidad el magistrado Pedro Esteban Penagos dijo que toda violencia debe ser condenada, pero sostuvo que hechos de este tipo no deben llevar en todos los casos a la anulación de los comicios, pues entonces "dejaríamos en manos de los violentos al voto ciudadano".

Entre los 28 medios de impugnación que la Sala Superior resolvió durante esta sesión estuvo el desechamiento, por extemporánea, del recurso para controvertir la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los estatutos del Partido Acción Nacional.

Sin debate y por unanimidad, los magistrados desecharon tanto el juicio ciudadano como los recursos de reconsideración de los panistas que combatían las reformas a los estatutos de su partido que permiten, entre otras cosas, la elección de sus dirigentes por el voto abierto a toda la militancia y no por un "grupo de notables", como era tradicional.

En otro asunto declaró la constitucionalidad del Artículo 30, párrafo dos, del Código Electoral para el Estado de Coahuila, al considerar que privilegia el derecho de asociación en materia política, al permitir que continúen los trámites para la obtención del registro de un partido político aunque se haya iniciado formalmente un proceso electoral.

Por otro lado, esa legislación establece que el procedimiento para el registro de nuevos partidos se suspende cuando inicia un nuevo proceso electoral y se puede reanudar una vez que éste ha concluido.

Los magistrados del TEPJF consideraron que los interesados no pueden depender de tiempos y condiciones que no están en posibilidades de controlar, sobre todo cuando hay retrasos u omisiones de las propias autoridades.