Afirma especialista que busca ley restringir operaciones en efectivo

Claudia Rojo, gerente y abogada especialista del despacho internacional PricewaterhouseCoopers (PWC), afirmó ante consejeros y socios del Grupo Guadalajara del IMEF que la legislación federal contra el lavado de dinero busca restringir operaciones en efectivo.

"Que se consideran de alto valor y que constituyen uno de los principales mecanismos de inversión para la delincuencia organizada, ya que el objetivo es proteger el sistema financiero y la economía nacional, con medidas para prevenir y detectar operaciones y actos que involucren recursos de procedencia ilícita", agregó.

Dentro de las actividades vulnerables figuran la construcción y compra-venta de bienes inmuebles, la compra-venta e intermediación con metales, piedras preciosas, joyas, relojes y obras de arte, juegos con apuestas y concursos y emisión o comercialización de tarjetas de crédito.

Además, los servicios profesionales independientes y de agencias aduanales, compra-venta y distribución de vehículos nuevos o usados terrestres, aéreos y marítimos y servicios de blindaje, emisión o comercialización de cheques de viajero y el trabajo de notarios, corredores públicos y abogados, entre una larga lista de actividades económicas.

El catálogo de actividades que pudieran considerarse vulnerables al manejo de recursos de procedencia ilícita es tan amplio que, en los primeros meses de vigencia de la llamada "ley antilavado" se ha generado una gran incertidumbre.

La incertidumbre obedece al riesgo de caer involuntariamente en una posición de manejo ilegal de efectivo ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y recibir multas y otras consecuencias legales, afirmó la especialista.

Señaló lo anterior al participar en una reunión que realizó el Grupo Guadalajara del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), para analizar las implicaciones de la Ley Federal de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento, que entraron en vigor el mes de Septiembre del 2013.

Durante su intervención, la consultora señaló que las personas físicas y morales tienen la obligación de identificar y conocer a los clientes y usuarios, con quienes realicen las actividades vulnerables.

Además de proteger y evitar la destrucción y el ocultamiento de la información que sirva de soporte a la actividad vulnerable, así como brindar las facilidades necesarias para que las autoridades realicen las visitas de verificación y, sobre todo, presentar en tiempo y forma los avisos de las operaciones ante el SAT.

Resaltó la necesidad de "abstenerse de realizar cualquier operación tipificada como actividad vulnerable", cuando clientes o usuarios se nieguen a proporcionar la documentación requerida.

Sobre todo, dijo, aún prevalece temor de los contribuyentes de incurrir en un error sin darse cuenta, o por una interpretación subjetiva de la ley por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT.