Exige PVEM-DF mayor control de clínicas "patito"

El Partido Verde Ecologista de México exigió a la Secretaría de Salud y a la Agencia de Protección Sanitaria capitalinas mayor vigilancia hacia miles de clínicas y consultorios "patito" o de los llamados "espantacigüeñas".

Denunció que la existencia de las llamadas "clínicas patito" ponen en riesgo la salud de cientos de personas al someterse a tratamientos estéticos, de reducción de peso o al interrumpir un embarazo.

Al respecto, al dirigente del PVEM-DF, Samuel Rodríguez Torres, señaló que a pesar de ser legal la interrupción del embarazo en el DF, miles de mujeres abortan clandestinamente por la imposibilidad oficial para atender todas las solicitudes.

Expuso que de abril de 2007 a diciembre de 2011 hubo 69 mil 861 interrupciones legales del embarazo, pero se registraron 107 mil 450 solicitudes y la diferencia tuvo que ser solucionada de forma desconocida.

En junio pasado, el titular de la Secretaría de Salud del Distrito. Federal, Armando Ahued, alertó sobre la gran demanda de cirugías estéticas en la capital, misma que ha derivado en la apertura de muchas clínicas clandestinas o sin la supervisión necesaria.

No obstante, en las dependencias oficiales solamente se tiene registro de 10 mil establecimientos y cuentan escasamente con 55 verificadores para descubrir a las que laboran ilegalmente.

En otro sentido, avisos comerciales en periódicos, internet o TV prometen reducciones mágicas de peso corporal. Son diversos tratamientos que van desde la aplicación de hielo, inyecciones, aceites, la administración de pastillas, infusiones en forma de té, fajas de todo tipo, aparatos de luz infraroja, etc., muchos de los cuales sólo defraudan y ponen en riesgo la salud.

Rodríguez Torres consideró que las autoridades capitalinas deben poner en marcha una campaña de difusión para evitar que los ciudadanos acudan a estas clínicas, pero además, establecer métodos para que se denuncie a estos sitios y supuestos "médicos", ya sea en forma personal o telefónica por las víctimas o ciudadanos que detecten su irregular operación.