Llaman a aprobar reformas para crear sistema contra corrupción

La Cámara de Diputados debe aprobar, de ser posible en un periodo extraordinario o a más tardar en febrero de 2014, las reformas para crear un sistema nacional de combate a la corrupción, señaló la senadora Laura Angélica Rojas Hernández.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) enfatizó que esta debe ser una oportunidad para que la clase política se reivindique en el combate a ese flagelo, pues por décadas no ha hecho lo suficiente.

"No podemos permitir que las fuerzas erosivas de la corrupción cancelen la posibilidad de construir un mejor futuro", externó al subrayar que es la cultura de la verdad y la honestidad la que debe sobreponerse a la de la simulación y la corrupción.

Asimismo denunció que mucho del atraso y el subdesarrollo de México obedece a funcionarios que han renunciado a su misión de servicio y se han rebajado a ser simples mercenarios de lo público.

La corrupción es enemiga del desarrollo y se contrapone a la justicia; se pierden inversiones y se encarecen productos; se construye mala infraestructura y se escasean los servicios públicos.

Además, advirtió, crece el crimen organizado y se debilita el Estado de derecho; aumenta la insatisfacción social y se destruye la cohesión social.

La integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana enfatizó que la reforma aprobada por ese órgano legislativo representa los cimientos de una política nacional de combate a la corrupción que habrá de afinarse en la legislación secundaria y fiscalizarse en su implementación.

Resaltó que el PAN fue un gran impulsor para que las instituciones responsables de combatir la corrupción dejen de actuar de manera desvinculada y se coordinen en el marco de un sistema nacional de combate a la corrupción.

Rojas Hernández recordó que el dictamen establece la creación de un órgano autónomo cuyo titular será electo por mayoría calificada del Senado y que estará a cargo de la prevención, investigación y sanción de las responsabilidades administrativas que deriven en hechos de corrupción.

Entre las atribuciones más relevantes del órgano, expuso, destacan la de certificar y evaluar a los titulares de las unidades de auditoría preventiva, quienes sólo atenderán violaciones al régimen disciplinario, dejando la investigación y sanción de responsabilidades de servidores públicos relacionados con corrupción al nuevo órgano.

Además hacer recomendaciones que permitan la prevención de actos de corrupción en cualquier entidad pública y atraer asuntos administrativos para fortalecer su capacidad de investigación y conocer, en su caso, de hechos de corrupción.

Se expedirá una ley general en materia de responsabilidades de los servidores públicos y combate a la corrupción, en la que se contemplan, entre otros puntos, sanciones administrativas y penales, así como el resarcimiento al erario público de los desfalcos causados por actos de corrupción.

Aclaró que paralelamente se lograron perfilar las bases y los lineamientos que en los tres órdenes de gobierno deberán incluir los registros de servidores públicos que incluyan su situación patrimonial y su historial en el servicio público, a efecto de que se concentre en una plataforma dependiente del órgano autónomo.