Permite reforma contratos con particulares para extraer hidrocarburos

Con la reforma energética aprobada esta tarde por ambas cámaras del Congreso de la Unión, los particulares y las empresas productivas del Estado, podrán participar en la exploración y extracción de hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo de la nación a fin de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo en el largo plazo.

De acuerdo al dictamen, estos cambios a las leyes permitirán un mejor aprovechamiento de la riqueza nacional, la generación de empleos y el crecimiento económico.

"En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación", aclara el texto modificado del artículo 27 de la Constitución y se afirma que dicha propiedad deberá quedar explícita en los contratos que otorgue el Estado.

La nación llevará a cabo las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, a través de asignaciones de determinada superficie de terreno que hará a favor de empresas productivas del Estado, en el entendido de que Petróleos Mexicanos (Pemex) transitará al modelo de empresa pública productiva, para que éstas puedan a su vez realizar dichas actividades, o bien contratar con particulares la realización de las mismas.

El dictamen precisa que la exclusividad del sector público sobre las áreas estratégicas, permanece intocado. El control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, se mantiene bajo la exclusividad del sector público.

Menciona que se podrán crear empresas productivas cuya propiedad y control serán siempre del gobierno federal, a efecto de llevar a cabo las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos en el subsuelo, que se incorporan como áreas estratégicas.

Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya institución fiduciaria será el Banco de México y tendrá como objetivo, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos.

Además, en el régimen transitorio se especifica que dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones al marco jurídico para "regular las modalidades de contratación que podrán ser de servicios, de utilidad o producción compartida o de licencia".

Entre los esquemas de contraprestaciones se deberán regular las siguientes: en efectivo para los contratos de servicio, con un porcentaje de utilidad y para los contratos de utilidad compartida.

De igual manera, se establece como contraprestación un porcentaje de la producción obtenida para los contratos de producción compartida. En tanto, se contempla la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo para los contratos de licencia o cualquier combinación de las anteriores.

Se faculta a la Secretaría de Energía (Sener) para que, con asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se encargue de adjudicar a Pemex las asignaciones a las que se refiere el artículo 27.

El organismo deberá someter a consideración de la Sener la adjudicación de las áreas en exploración y los campos que estén en producción y en capacidad de operar, a través de asignaciones; para ello, tendrá que acreditar que cuenta con las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva.

Para ello, Pemex deberá presentar la solicitud dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto.

En cuanto al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos se prevé que se conforme con cinco consejeros del gobierno federal, incluyendo al Secretario de Energía, quien presidirá este órgano y tendrá voto de calidad, y por cinco consejeros independientes.

Se modifica el artículo 28 para indicar que "no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas de planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica".

Los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión deberá realizar las reformas secundarias para regular las modalidades de contratación para los particulares para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica".

De acuerdo con los artículos transitorios Pemex y la CFE tendrán dos años, a partir de la publicación de la reforma, para convertirse en empresas productivas del Estado, pero en tanto llevan el proceso, de cualquier forma estarán facultados para recibir asignaciones y celebrar contratos.

Del mismo modo, se incluyó en el régimen transitorio que los ingresos petroleros del gobierno federal que se destinen a cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, se mantengan en el 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto, "que corresponden a la razón equivalente a la observada para los ingresos petroleros de 2013".

El Ejecutivo federal podrá sugerir al Congreso de la Unión un programa de sustitución de subsidios generalizados por subsidios focalizados en los insumos energéticos.

Además, el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía.

Las modificaciones las leyes secundarias que se deriven de la reforma deberán respetar los derechos laborales en Pemex, CFE y sus subsidiarias.

Asimismo, en el artículo 25 constitucional se incluyó el concepto de sustentabilidad que debe acompañar a los criterios de equidad social y productividad con los que se apoyará a las empresas de los sectores social y privado de la economía en beneficio general.