SCJN declara constitucional ley que protege a mujeres de violencia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Distrito Federal que permite dictar medidas precautorias en favor de la mujer incluso por un juez civil o familiar es constitucional y no transgrede el derecho de igualdad.

La Primera Sala de la SCJN tomó esta decisión al considerar que esta normatividad responde a una finalidad constitucional consistente en la previsión social por la evidente violencia a que en ocasiones es sometida la mujer por el simple hecho de serlo.

Por unanimidad, los miembros de la corte aprobaron el proyecto del ministro José Ramón Cossío Díaz para resolver el amparo en revisión 495/2013 donde un individuo acusado de violencia familiar impugnó la constitucionalidad de esta ley.

De acuerdo con el quejoso las medidas de protección, cautelares y de urgente aplicación que se prevén en esta ley no cumplen con los parámetros establecidos en el Artículo 16 constitucional donde se establecen los requisitos mínimos para la emisión de actos de molestia como una orden de aprehensión.

En sentido contrario a lo alegado por el quejoso, los ministros puntualizaron que esa comparación no es equivalente toda vez que la ley identifica las medidas de protección como actos urgentes de aplicación en función del interés superior de la víctima de violencia.

En estos casos debe ponderarse sobre todo el riesgo a la integridad física o psicológica en que se encuentra la mujer lo mismo que su libertad y seguridad y de las víctimas indirectas, razón por la cual este tipo de medidas pueden dictarse no solo por un juez penal sino también por uno civil o familiar, recalcaron los ministros.

En este mismo sentido, otras medidas que pueden ser ordenadas por el juez al amparo de esta ley como la expulsión del agresor del domicilio conyugal o la prohibición de acercarse a las víctimas de la violencia, de ninguna manera pueden considerarse inconstitucional, sostuvo la Corte.

En el caso concreto el individuo acusado de violencia familiar se quejó de que el ministerio público ejerciera acción penal y librara orden de aprehensión en su contra y de las medidas de protección de emergencia dictadas por el juez de origen con fundamento en esta ley, que según su opinión viola el principio de igualdad.