Presenta CIDH ante Corte Interamericana caso contra Venezuela

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció hoy su decisión de llevar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso más relacionado con Venezuela.

En un comunicado, la CIDH indicó que el caso se relaciona con la decisión del gobierno de Venezuela de no renovar la concesión del canal Radio Caracas Televisión (RCTV), propiedad del empresario Marcel Granier.

Como consecuencia la RCTV dejó de transmitir como estación de televisión abierta el 28 de mayo de 2007, "con un impacto en la libertad de expresión de sus accionistas, directivos y periodistas", consideró la CIDH.

La comisión expuso este jueves que su decisión de turnar el caso a la Corte se debió a que el Estado venezolano no informó a la CIDH, dentro del plazo previsto, sobre el cumplimiento de las recomendaciones del informe de fondo sobre el caso.

En ese informe la comisión concluyó que la negativa fue violatoria del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la igualdad y no discriminación, y del debido proceso administrativo.

La CIDH agregó que si bien algunos argumentos esgrimidos por el gobierno para no renovar la concesión fueron validos "la prueba en el expediente constituyó evidencia de que la decisión fue tomada con base en la línea editorial del canal".

"Constituyó un acto de desviación de poder y una restricción indirecta incompatible con el derecho a la libertad de expresión", señaló el organismo.

Recordó que la RCTV recibió un tratamiento distinto en comparación con otros operadores que se encontraban en idéntica circunstancias en lo relativo a la concesión.

"La CIDH sometió la diferencia de trato a un escrutinio estricto y concluyó que el Estado no logró justificar su actuación y que, por lo tanto, también incurrió en una violación del derecho a la igualdad y no discriminación", precisó.

La Comisión también concluyó que el proceso que condujo a la incautación de los bienes del canal de televisión, violó el debido proceso administrativo.

Para la CIDH el caso permitirá por primera vez a la Corte "pronunciarse sobre las afectaciones al derecho a la libertad de expresión, en sus dimensiones individual y social, como consecuencia de los actos estatales relacionados con la administración de licencias de radio y televisión".