Impasse en Senado en espera de último tramo de reforma política

Las comisiones unidas del Senado que analizan y discuten la reforma político-electoral entraron en un receso después de que fue aprobada en lo general, lo que podría prolongarse hasta la madrugada del martes, en espera de destrabar una serie de temas en la discusión en lo particular.

A las 20:00 horas, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Segunda, Gobernación y Reforma del Estado del Senado decretaron un receso por la falta de acuerdos en relación a la entrada en vigor del nuevo Instituto Nacional de Elecciones y la reelección de legisladores y alcaldes.

En este último tema, el Partido Acción Nacional (PAN) propuso que los alcaldes se puedan reelegir por un partido distinto al que los postuló por primera vez.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestó su oposición a ello y argumentó que la reelección debe ser bajo las siglas de la fuerza política que los llevó al poder de manera inicial.

Las comisiones decretaron un receso al darse un empate en una de las reservas. La sesión de este lunes del pleno senatorial también decretó un receso en espera del dictamen correspondiente a dicha modificación.

De entrada, existen más de 50 reservas en la discusión en lo particular de esta reforma constitucional, que reabre el tema de la reelección, en este caso para senadores, diputados federales y alcaldes.

Los senadores del PAN, Javier Corral, Raúl Gracia y Héctor Larios, en una de las reservas, plantearon que en la reelección de legisladores federales no se incluya la obligación de que un diputado o senador deba postularse por un mismo partido para poder reelegirse.

"Si un legislador vota contra su partido, su partido podrá vetarlo para que no se reelija", argumentaron los panistas en la reserva presentada y que fue uno de los temas que ha trabado la discusión.

Asimismo, propusieron que la reelección de legisladores locales y alcaldes se establezca en la Constitución y no sólo dejarla a la discreción y voluntad de los congresos estatales, quienes podrían bloquear esa reforma.

El secretario de la Comisión de Gobernación, Héctor Larios, demandó que la reelección de alcaldes quede inscrita en la Constitución y no al arbitrio de los congresos estatales, pues ello podría implicar inaplicación de ese artículo sobre todo por presión de los gobernadores.

"No va ningún gobernador a permitir que exista reelección de alcaldes y de diputados locales en su estado, y no va a ser impidiendo que el Congreso del estado pueda optar por la reelección", aseveró Larios Córdova.

En esta reforma no se incluyó la llamada "segunda vuelta electoral" que era impulsaba por el Partido de la Revolución Democrática y que buscaba que no se repitiera un escenario como en 2006, donde por un mínimo margen ganó la elección presidencial Felipe Calderón.

Otro de los temas que provocaron ese impasse en la recta final fue la entrada en vigor del instituto nacional electoral.

Entre los temas que incluye el dictamen destaca la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) en el nuevo organismo, que incluye la remoción de todos los consejeros electorales actuales, los cuales podrán participar en el proceso de selección de los miembros del INE, pero no podrán ser reelectos.

También plantea reelección inmediata de legisladores y presidentes municipales, gobiernos de coalición, y dota de autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), así como a la PGR, que ahora se llamará Fiscalía General de la República.

Asimismo, se plantea un gobierno de coalición que, de aprobarse, empezaría a ejercerse el 1 de diciembre de 2018; con él se propone que el Presidente de la República, en cualquier momento, pueda optar por una coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.

En caso que el presidente opte por la coalición, entonces los nombramientos que haga de los secretarios de Estado tendrán que ser ratificados por el Congreso de la Unión, salvo los de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina.

Sin embargo, ya sea que el Ejecutivo opte o no por la coalición, el Senado deberá ratificar el nombramiento del secretario de Relaciones Exteriores, tal como sucede con los embajadores y cónsules; mientras que la Cámara de Diputados deberá hacer lo propio con el de Hacienda.