Segob promueve vínculo entre políticas de seguridad y derechos humanos

El gobierno de la República promueve que las políticas de seguridad y de derechos humanos estén perfectamente vinculadas, afirmó el titular de la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos de la Segob, Ricardo Sepúlveda Iguíniz.

El funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) sostuvo que de esta manera, las tareas de seguridad no se contraponen al goce y ejercicio de los derechos humanos, "por lo que hay que realizarlas con respeto a ellos".

En el marco del convenio firmado entre la Segob y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se llevan a cabo sesiones de sensibilización y capacitación sobre las "implicaciones de la reforma constitucional 2011 de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación".

En un comunicado la Segob destacó que durante la semana del 2 al 6 de diciembre, funcionarios y personal operativo de los distintos órganos desconcentrados de la dependencia, sobre todo aquellos que laboran en áreas de seguridad, recibirán pláticas y talleres prácticos sobre los alcances de la reforma constitucional.

En la inauguración, Sepúlveda Iguíniz destacó que dicha reforma traerá nuevas implicaciones bajo un enfoque que pretende promover, proteger y garantizar los derechos humanos.

Subrayó que la administración pública federal, especialmente áreas como migración, readaptación social y protección civil, deberá sensibilizarse en estos temas y fortalecerlos en todas las instituciones.

A su vez, el director del Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH, Javier Sepúlveda Amed, dijo que la única forma de que los servidores públicos estén capacitados es que conozcan los derechos pro persona para desempeñar mejor su labor.

Puntualizó que los derechos humanos son un compromiso de todos, por lo que estas sesiones son una muestra del trabajo conjunto entre la Segob y la CNDH.

En las sesiones y talleres participarán investigadores del Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH, quienes impartirán temas como las nuevas facultades de los organismos públicos defensores de derechos humanos, las obligaciones del Estado y los servidores públicos.