SCJN rechaza impugnación contra reforma que fue publicada con un error

No obstante que una mayoría de siete ministros de la SCJN se pronunció por declarar la incostitucionalidad del Artículo 129 del Código Penal de Baja California que tipifica el feminicidio, el sentido común se impuso y la norma mantuvo su vigencia y legalidad.

El pleno del alto tribunal dedicó tres sesiones a analizar el asunto, derivado de una acción de incostitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) contra esa norma aprobada por el Congreso estatal, a fin de tipificar y sancionar con dureza ese delito, pero que al momento de su publicación hubo un error.

Desde la iniciativa de reforma finalmente aprobada por el Congreso bajacaliforniano, se estableció una pena para este delito de 20 a 50 años de prisión y multa de hasta 500 días de salario mínimo a quien resulte responsable.

La tipificación quedó de la siguiente manera: comete feminicidio el que dolosamente prive de la vida a una persona del sexo femenino, cuando en el momento de la privación de la vida o posterior a ello se realice sobre la víctima, actos con saña, como tortura, mutilación, decapitación, descuartizamiento, quemaduras, asfixia o violación.

También se considera feminicidio cuando se construya una escena delictiva denigrante, humillante y destructiva o se utilicen mensajes intimidatorios contra la sociedad que atenten contra la dignidad humana, por la exhibición de la causa de la muerte, en donde se manifieste un odio a las personas del sexo femenino.

Sin mayor problema el proceso legislativo se consumó, pero al momento de su publicación en el Diario Oficial del Estado, no se incluyó el término "de prisión" cuando se estableció la sanción, ya que en el texto publicado sólo decía que la pena sería de 20 a 50 años.

Ese error fue suficiente para que la PGR impugnara la norma, aduciendo que era inconstitucional, pues no especificaba de qué eran los años impuestos como sanción, y violaba, por tanto, la garantía de seguridad jurídica, porque en materia penal rige el principio de exacta aplicación de la ley.

El Congreso de Baja California, para subsanar el error, emitió una fe de erratas, con lo cual supuestamente quedó saldado el punto, pero no fue así para la mayoría los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Siete de ellos respaldaron el alegato de la PGR y todavía agregaron algunos argumentos más, como desestimar la fe de erratas para corregir el resultado de un proceso legislativo, y se pronunciaron por declarar la incostitucionalidad de la norma.

No obstante que estaban conscientes de que el único efecto hubiera sido el de obligar al Congreso de Baja California a reponer el procedimiento, consideraron que era conveniente enviar el mensaje de que los legisladores deben ser mas cuidadosos en su trabajo.

Se necesitan ocho votos para declarar la inconstitucionalidad de una ley, y en este caso sólo se obtuvieron siete, gracias a que los ministros Arturo Zaldívar, Alberto Pérez Dayán, Fernando Franco y Juan Silva Meza defendieron la postura de que se trató simplemente de un error que quedó corregido con la fe de erratas.

Durante tres sesiones, los ministros se enfrascaron en un debate en el que abordaron desde teorías de derecho penal, la voluntad abstracta y materia de los legisladores y el derecho parlamentario, hasta cuestiones de sentido común como errores en la transcripción de un documento y el encadenamiento lógico de los hechos.

Y aunque la votación mayoritaria la ganaron quienes asumieron en ese caso una postura purista y formalista, al final se impuso en la práctica la postura respaldada en el sentido común de los cuatro ministros de la minoría, pues al no alcanzarse los ocho votos necesarios, la acción de inconstitucionalidad fue desestimada.

Por ese mecanismo secundario, accesorio y circunstancial, al final quedó vigente el proceso legislativo de Baja California que, con su fe de erratas, estableció la tipificación y la sanción del delito de feminicidio para esa entidad por vez primera, en una categoría diferente del homicidio.