Responsabilidad de gobiernos comunicar reforma penal: Mancera Espinosa

El jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera Espinosa, destacó que es responsabilidad de las autoridades comunicar a la ciudadanía la transformación que implicará la implementación de la reforma penal en esa nueva forma de administrar justicia.

El mandatario local señaló que entre algunas de las nuevas características que se tendrán son la de una "despresurización" en el Sistema Penitenciario y menos personas sentenciadas, al contar con salidas alternativas que ofrece la mediación.

Al participar en el Quinto Foro Nacional de Seguridad y Justicia destacó que los retos para su implementación en la capital del país pasan por los temas financieros de armonización y en comunicar a la ciudadanía este proceso para no encontrar resistencias en su aplicación.

En la mesa titulada "Por una adecuada implementación de la reforma penal", también estuvo presente el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sergio Valls Hernández.

Durante su ponencia el ministro destacó el impacto y consecuencias que acarrean la falta de un código federal de procedimientos penales, en el cual la pluralidad de leyes adjetivas penales en el país produce una falta de claridad del proceso penal.

Asimismo genera incertidumbre e inseguridad jurídicas, tanto para la población como para aquellos que intervienen en el proceso penal, donde la pluralidad normativa y la falta de homogeneización de reglas que deben utilizarse para la investigación, persecución y procesamiento penal en México ocasionan diversidad de soluciones ante conflictos similares, indicó.

Mancera Espinosa también se pronunció en relación al proceso de armonización en el que los gobiernos serán urgidos para armonizar las disposiciones de legislaciones penales.

El ministro del máximo tribunal del país apuntó una "nociva práctica" de los delincuentes del crimen organizado para escapar de la justicia de trasladarse de una entidad a otra.

Generalmente, detalló, van a aquellos estados cuya legislación es más "laxa procesalmente hablando", lo que se traduce en recursos públicos dilapidados en la persecución de la delincuencia.