Víctimas pueden promover amparo contra negativa de orden de arresto

Las víctimas de un delito tienen todo el derecho de promover un juicio de amparo contra una resolución que niegue la orden de aprehensión contra el presunto responsable, determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La propuesta hecha por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea llevó a resolver el amparo en revisión 290/2013, a favor de la víctima u ofendido.

En sesión de la Corte, los ministros sustentaron que la víctima no desempeña el papel de simple espectador durante el desarrollo del procedimiento penal, sino de interventor activo y reconocen su legitimidad de actuar como parte en cada uno de los segmentos del procedimiento.

Por esta razón, los ministros revocaron el acuerdo emitido por el juez competente que negó la orden de aprehensión solicitada por la autoridad ministerial correspondiente, al estimar que la ofendida en la causa penal carecía de legitimación para promover juicio de amparo.

De acuerdo con el caso, la quejosa denunció a un servidor público de Jalisco al considerar que éste cometió delito contra la administración de la justicia, toda vez que conoció de un asunto a pesar de tener impedimento legal para ello.

La Primera Sala señala que si el juez que conoce de la causa penal niega la orden de aprehensión porque considera que no existen los requisitos legales y constitucionales para librarla, esa actuación niega la expectativa que tiene la víctima u ofendido de obtener la reparación del daño.

En este caso, la Corte advirtió que es una actuación procesal que si bien no se pronuncia sobre esta pena pública, sí tiene una relación indirecta con la misma, lo que permite reconocer, en favor del agraviado, su interés jurídico para acudir al juicio de amparo y combatir esa determinación.

Los ministros de la Primera Sala señalaron que ya no resulta sostenible el argumento relativo a que si se otorgara a las víctimas la legitimación para impugnar la determinación jurisdiccional que niega el libramiento de una orden de aprehensión, se atentaría contra el contenido del Artículo 10 de la Ley de Amparo, actualmente abrogada.

El razonamiento de los ministros responde a una interpretación que restringe los derechos de las víctimas para que cuenten con un recurso efectivo, lo que contraviene los artículos 17 constitucional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Además, de que con el actual contenido del Artículo 1 constitucional, que establece el principio pro persona, la interpretación extensiva es la que da la Sala.