Demandan más coordinación para combatir el secuestro

Autoridades y Organizaciones no Gubernamentales (ONG) demandaron más coordinación entre los mandos policiales de los tres niveles de gobierno y entre éstos y esos organismos para abatir el secuestro.

En la mesa de discusión Secuestro en México, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, organizada por esta instancia y el Observatorio Nacional Ciudadano, se coincidió además en la urgencia de profesionalizar las unidades antisecuestro de los estados y dotarlas de equipo material y humano suficiente para enfrentar este problema.

Los asistentes de las ONG advirtieron que en México "se negocia, pero no se previene ni se enfrenta esta situación".

Compartieron la mesa la presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace; la subprocuradora de Províctima, Patricia Bugarin Gutiérrez; el titular de la División de Investigaciones de la Policía Federal, Damián Canales Mena, y Roberto Ochoa Romero, especialista del IIJ.

En la introducción, Héctor Larios y Francisco Rivas, del Observatorio Ciudadano Nacional, señalaron que se carece de una política nacional o local que busque abatir el problema, y llamaron a los ciudadanos a ejercer su derecho y responsabilidad de denunciar cuando observen que algo ocurre en sus alrededores.

Miranda de Wallace alertó que este problema ha escalado no sólo en número sino en ensañamiento y consideró que el principal problema al que se enfrentan las víctimas es la ignorancia de las autoridades, pues la mayoría desconocen que existe una Ley General Antisecuestro, e insisten en tipificar el delito con normatividades locales.

En su opinión hay nula eficacia de las unidades antisecuestro e indicó que en el país no hay campañas de prevención. "Se negocian los secuestros, pero no se enfrentan".

También dio a conocer que recientemente interpuso un amparo por la falta de atención que ha recibido de las autoridades ante el secuestro y asesinato de su hijo.

A su vez, Canales Mena -de la Policía Federal- sostuvo que tratar de minimizar un problema no ayuda en su solución, por lo que invitó al público a denunciar, ya que la falta de esta práctica dificulta que puedan poner tras las rejas a los delincuentes.

"La gente sabe quiénes son incluso los que los secuestraron pero no denuncian o por desconfianza o por qué están amenazados", dijo, "lo que permite que los maleantes anden por las calles tan tranquilos".

El titular de la División de Investigaciones de la PF indicó que en el organismo que representa se hacen esfuerzos muy importantes y se atienden secuestros a todo lo largo y ancho del país. "Siempre hemos tratado de dar una intervención inmediata".

Además pidió que se apueste más por la flagrancia. "Estamos conscientes de que se corren riesgos, pero si las circunstancias nos lo permiten debemos apostar por ella".

Reconoció la importancia de que se dé mayor intercambio de información entre corporaciones y pidió a la gente demandar que las unidades antisecuestros estén completas en recursos materiales y de personal.

A su vez, Bugarín Gutiérrez advirtió que si existe una falta de confianza entre las mismas autoridades es difícil pedir que la ciudadanía les tenga confianza a ellas y alertó que faltan indicadores que midan la eficacia de las unidades antisecuestros y protocolos para atender a las víctimas.

"No hay diferencia entre entrevista e interrogatorio. A las víctimas se les trata como delincuentes y, a diferencia de éstos, carecen de derechos", dijo.

En tanto, Ochoa Romero sostuvo que deben hacerse denuncias correctas porque, por ejemplo, al delito de secuestro se le acumula el de la extorsión y muchas veces se mete a la cárcel a alguien que cometió ese delito y no se le pide reparación cuando incluso se le pago ya un rescate.