Diputados avalan ampliar un año certificación de confianza de policías

La Cámara de Diputados aprobó con 389 votos en favor, 22 en contra y 10 abstenciones ampliar por un año más el plazo para que todas las corporaciones policiacas del país cumplan con la certificación de confianza.

Tras avalar la minuta que reforma el Artículo 3 transitorio y adiciona los Artículos 13 y 14 transitorios del decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se turnó al Ejecutivo federal para su publicación.

En 12 meses contados a partir de la entrada en vigor del decreto, los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán obtener la certificación de los centros de evaluación y control de confianza o de lo contrario serán separados del servicio.

A seis días de que venciera el plazo para la certificación de las policías de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, el Congreso amplía por segunda ocasión este periodo.

Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, el legislador Sergio Armando Chávez Dávalos recordó que el 2 enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre la obligatoriedad de la certificación de los elementos policiacos en todo el país.

"La realidad nos muestra que, principalmente, las entidades federativas y los municipios del país no cumplirán con el operativo legal, de conformidad con el informe de avance del programa de evaluación y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad, llevado a cabo el 17 de julio del año en curso", agregó.

El representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recordó que el Artículo 87 de este ordenamiento jurídico establece que la carrera policial, tanto en su ingreso como para la permanencia, implica el trámite de obtener y mantener actualizado el certificado único de control de confianza.

"Estamos conscientes de que tenemos que hacer un mayor esfuerzo en los siguientes meses para poder evaluar a todos los elementos policiacos de los municipios, de los estados y de la federación, para poder darle resultados a la ciudadanía", refirió.

En la reforma que avaló este martes la Cámara de Diputados se establece que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá rendir ante el Senado un informe del avance del programa de certificación de policías a los seis meses de la entrada en vigor del presente decreto.

También señala que los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal deberán hacer las previsiones de recursos necesarias y establecer una partida específica en sus respectivos presupuestos para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor.

Previo a su discusión, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Guillermo Anaya Llamas, aclaró que la modificación a la norma viene a prolongar el tiempo que estados y municipios tenían para dar cumplimiento a la acreditación de sus corporaciones policiacas por parte del mencionado Programa de Evaluación.

Lo anterior en virtud de que la reforma de diciembre de 2012 a este artículo daba un plazo de 10 meses para tales efectos, llegando a su fin este 29 de octubre.

Recordó que en una reunión de las comisiones de Seguridad Pública de las cámaras de Diputados y de Senadores con la Conferencia Nacional de Gobernadores los mandatarios estatales expusieron diversos argumentos de por qué hasta la fecha no han podido cumplir al ciento por ciento con esta obligación.

"Era urgente hacer el cambio, porque a finales de este mes todos los policías de nuestro país deberían estar acreditados por los centros de control de confianza; quienes hayan reprobado o no hayan tenido la oportunidad de presentar la acreditación deberían ser tajantemente dados de baja", sostuvo.

Explicó que la mayoría de las entidades federativas ha cumplido al 70 por ciento el mandato, mientras que otras ya han llegado al 90 por ciento.

"Las razones de por qué no se ha logrado plenamente la certificación tienen que ver con temas presupuestales y la constante capacitación de los nuevos elementos de seguridad, entre otros 15 argumentos que la Conago expuso en un documento", apuntó.

Por otra parte, Chávez Dávalos propuso una mesa de trabajo entre las comisiones de Seguridad Pública de ambas cámaras, integrantes de la Conago y el Ejecutivo federal, para agilizar y dar solución a esta problemática, así como para hacer modificaciones pertinentes a las pruebas aplicadas a las corporaciones policiacas.

"La ley no contempla criterios entre los funcionarios de seguridad pública de alto rango y los que tienen menores responsabilidades, por lo que no se requiere la misma prueba de confianza. En las mesas de trabajo deberíamos analizar a profundidad si esto es lo mejor o si en otros países se hace con diferenciación de rangos", subrayó.

Durante los posicionamientos la diputada Ana Isabel Allende Cano, del PRI, indicó que su bancada "está consciente de cumplir los ordenamientos legales", pero también "comprende la necesidad de extender el plazo actualmente previsto en el régimen transitorio de la ley en cuestión".

Esta reforma, continuó, es un "compromiso de conformar instituciones de seguridad pública sólidas y eficaces, así como de proteger a los integrantes de las instituciones de seguridad pública que están en riesgo de ser separados de su encargo, porque aún no han sido evaluados por circunstancias ajenas a ellos".

Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza, coincidió en que el objetivo de esta reforma permitirá a los estados y municipios cumplir con el ciento por ciento de la certificación, pero también "compromete a los gobiernos a emplear todos los recursos públicos a su alcance para lograrlo, y no sólo los del gobierno federal".

En tanto el legislador Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), advirtió que ampliar el plazo original para las certificaciones no servirá de nada si no se invierten los recursos necesarios para volver esta aspiración en una realidad.

Agregó que su partido "está dando el apoyo a esta minuta también para que se requiera, tanto al Gobierno Federal como a las entidades federativas, apoyar el presupuesto".

En su turno en la tribuna, la perredista Lizbeth Eugenia Rosas Montero aseguró que su grupo parlamentario "no dará un voto en blanco", puesto que esta iniciativa de reforma contempla no sólo la certificación de los funcionarios de bajo nivel, sino de los titulares de las áreas de seguridad.

"Muchas veces los que están arriba entran por compadrazgos o amiguismos y no cumplen con los requisitos mínimos que sí les exigen a los policías de abajo", detalló la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Por parte del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Consuelo Argüelles Loya expresó que la policía es el servidor público que tiene contacto con los ciudadanos, cuya labor es alcanzar el clima de paz, convivencia y respeto entre los gobernados.

"Su más grande misión es ser el protector de libre ejercicio de los derechos de todos los mexicanos", sostuvo.

Para lograr una policía confiable no se debe tomar el control de confianza sólo como sinónimo de limpieza institucional, sino también "como una forma de desarrollo policial", dijo.

En tanto José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, afirmó que la disposición de sostener reuniones con la cámara colegisladora, gobernadores y el titular del Ejecutivo federal, permitirá "cimentar a las corporaciones públicas en el ámbito de la seguridad que tanta falta nos hacen a las y los mexicanos".

Asimismo expresó que el dictamen a discusión genera la carga de las pruebas a los elementos de las corporaciones policiales que, de acreditarlas, "garantizaría que son probos y honestos".