Suprema Corte destaca mecanismos para proteger a migrantes

El ministro de la SCJN Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena expuso que la Constitución, así como las leyes nacionales e internacionales obligan a cumplir el respeto irrestricto a los derechos humanos de los grupos más vulnerables, como es el caso de los migrantes.

Comentó que, además, con el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a los miembros de dicho grupo social, los juzgadores cuentan ya con un documento que orientará su actuación con apego a los más altos estándares internacionales en la materia y los principios de autonomía e independencia judicial.

Gutiérrez Ortiz Mena destacó que el protocolo es único en Latinoamérica y que ya se ha reconocido como un modelo a seguir por los demás países de la región que comparten problemáticas similares respecto a la violación de los derechos de las personas migrantes.

El ministro puntualizó que con dicho mecanismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) refuerza que su función no se resume en establecer parámetros para la actuación de las autoridades en casos específicos, sino en generar herramientas para la formación de las personas que imparten justicia.

Durante la inauguración del foro "El Poder Judicial y los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y Sujetas a Protección Internacional" resaltó que con ello se confirma que es un prioridad brindar información sistematizada y completamente actualizada, con enfoque en la protección y promoción de los derechos humanos".

A su vez, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Antonio Guterres, señaló que los jueces, al interpretar adecuadamente las normas y principios en materia de protección internacional, preservan la integridad del asilo y consolidan el régimen de protección de los refugiados.

En un mensaje videograbado mencionó que el Protocolo es un ejemplo de buena práctica que integra normas y estándares a nivel mundial y permite un novedoso desarrollo progresivo del derecho internacional de los refugiados por las autoridades judiciales en México.

Destacó que todos los días somos testigos de violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes y que son las tragedias las que hacen visible la situación.

Advirtió que el Estado mexicano no puede tolerar estas violaciones ni la impunidad puede ser una constante en estos casos, por lo que está obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas nacionales y extranjeras de manera igualitaria.