Aplicar la ley para volver a clases en Oaxaca, pide Villarreal

El coordinador de los diputados del PAN, Luis Alberto Villarreal, pidió a las autoridades educativas aplicar las leyes educativas aprobadas hace un mes y evitar con ello la pérdida de clases en escuelas de Oaxaca.

Lamentó en conferencia de prensa que al menos un millón de niños en esa entidad no han iniciado el ciclo escolar 2013-2014, que inició hace siete semanas en el resto del país, debido a las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) criticó que los maestros disidentes emprendan movilizaciones que afectan las vialidades de la ciudad de México, mientras los niños oaxaqueños pierden clases.

"Me parece una burla para los ciudadanos, me parece un agravio para los padres de familia y me parece verdaderamente una tragedia para los millones de mexicanos que hoy no tienen escuela porque no hay nadie, a pesar de que este Congreso haya aprobado la norma, esté en disposición de cumplirla y hacerla cumplir", agregó.

En otro tema, reiteró que su bancada rechaza el cobro de IVA en colegiaturas, hipotecas y transporte foráneo, que plantea la propuesta de reforma hacendaria del Ejecutivo federal.

Agregó que los diputados también se oponen a la homologación del Impuesto al Valor Agregado en la zona de la frontera norte del país, pues consideró que romperá los eslabones de la cadena económica y paralizará a la planta productiva del país.

Villareal García advirtió en dichos gravámenes afectarían a la clase media y a unas 30 cadenas de producción, lo que implicaría una pérdida de ingresos de entre 15 y 18 por ciento.

El legislador guanajuatense precisó que si bien los panistas no presentarán una propuesta formal alterna en la discusión para sustituir los recursos que podrían generarse de esos impuestos, se pueden encontrar fórmulas para aumentar los ingresos.

Se pronunció porque se analice la conveniencia de fortalecer el municipalismo y el federalismo, al establecer que los gobiernos locales puedan ejercer una facultad recaudatoria.