SCJN presenta el Protocolo de Actuación en favor de migrantes

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, presentó el Protocolo de Actuación en casos que involucran a personas migrantes o de quienes requieran de protección internacional.

Ante representantes de la comunidad internacional y miembros de la judicatura nacional, el ministro destacó que dicho protocolo tiene como objetivo cumplir con la obligación constitucional de garantizar y respetar los derechos humanos, independientemente de la nacionalidad de las personas.

"No debemos olvidar que las normas relacionadas con las personas migrantes y aquellas sujetas a protección internacional han alcanzado el carácter de jus cogens, lo que significa que el marco normativo que debe aplicarse resulta refractario a excepciones de nacionalidad o ciudadanía", puntualizó.

Aun cuando el protocolo no es vinculante, lo cierto es que su contenido incluye normas y criterios de jurisprudencia que sí lo son y, por tanto, precisa la forma de atender principios como la igualdad, la no discriminación, la no devolución forzada, la unidad familiar.

También la no revictimización, el interés superior del niño, la presunción de inocencia, la gratuidad de la impartición de justicia, a favor del migrante, entre los más importantes, destacó durante el acto celebrado en la sede de la Suprema Corte.

Silva Meza subrayó que la SCJN está comprometida en evitar que se desborde la actuación de las autoridades en perjuicio de los derechos de las personas, y le corresponde garantizar que la protección a los derechos humanos de las personas sea la razón del Estado mexicano en su conjunto.

A su vez Javier Hernández Valencia, representante en México de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo un llamado para acompañar y blindar el esfuerzo que la Corte realiza al trabajar para que las garantías fundamentales sean sobre todo un gran marco de actuación para las autoridades.

Asimismo recordó el encuentro que se celebrará el 23 de octubre en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ante el que presentará un informe y uno de los temas a tratar será la violación a las garantías individuales de los migrantes.

"Ese es uno de los temas de preocupación", pero aclaró que en el balance que se haga del caso mexicano tendrán que incorporarse los esfuerzos que se han hecho en los últimos años para que la situación en esa materia vaya cambiando.

Hernández Valencia dijo que "cuando se haga esa cuenta y balance, el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá ser en especial considerado como uno de los elementos y actores que son aliados de una más eficaz implementación y vigilancia de estos derechos".

En tanto, Thomas Weiss, representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones, aseguró que el protocolo presentado representa un avance mayor y un ejemplo para el resto de los países tanto a nivel de la región como global.

Observó que en México, los migrantes aún enfrentan barreras y obstáculos para el acceso a la justicia como el idioma, la religión o el desconocimiento de la legislación, así como factores económicos que pueden ser la carencia de recursos para contratar servicios de defensoría o para costear los gastos derivados de un juicio.

"A ello se suman los trámites burocráticos y la desconfianza, muy a menudo, en las autoridades. Aunado al temor a ser detenido o ser deportados a sus países de origen", abundó Weiss.

Hamdi Anwar Ahmed, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dijo que un primer punto fundamental reiterado en el Protocolo es el hecho de que las personas migrantes, los refugiados, los solicitantes de asilo y las personas sujetas de protección internacional son titulares de derecho.

En este sentido, advirtió que la función judicial brinda un invaluable aporte a la efectiva protección de tales personas y tiene la posibilidad de consolidar, como bien afirma el Protocolo de Actuación, un importante cambio paradigmático.

"Nos distanciamos de la posición limitada que criminaliza la migración y la búsqueda de protección, por el entendimiento jurídico que reconoce la titularidad de derechos a los migrantes, los solicitantes de asilo, los refugiados y las demás personas con necesidades de protección internacional", concluyó.