Falta voluntad para resolver caso en la Reforma Social: diputada

La diputada del PAN, Gabriela Salido, afirmó que la violencia en el Parque Reforma Social de esta capital, fue generada por la falta de atención del Gobierno del Distrito Federal (GDF), que desde hace años debió entregar el predio a particulares pero no lo ha hecho.

En entrevista, la legisladora local aseguró que, además, el GDF no ha hecho nada por establecer una negociación para adquirir dicho terreno, y que si bien "hoy se habla de una posible expropiación, pero hace cuatro años también se dijo exactamente lo mismo y hasta ahora no hay nada concreto".

La noche del pasado lunes 23 de septiembre, un grupo de personas trató de desalojar a quienes practicaban actividades recreativas en el sitio, para colocar cercas, lo que originó un enfrentamiento con vecinos de la colonia Reforma Social.

Salido Magos advirtió que por la falta de transparencia sobre la situación legal del Parque Reforma Social "y la ausencia de voluntad política, el GDF ha puesto en riesgo severo a los vecinos al tener que defenderse por sus propios medios ante quienes reclaman derecho de propiedad sobre el predio.

La integrante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) sostuvo que "la intervención de la fuerza pública parece ser un tema de conveniencia para el Gobierno de la Ciudad, ya que en unos casos es suficiente y oportuna y en otros ausente".

"Celebro la intervención de la fuerza pública en el caso del Parque Reforma Social, pero la verdad después de ver lo hecho ante los bloqueos de la CNTE, dudé mucho que fueran a intervenir", comentó en tono irónico la diputada de Acción Nacional.

Aclaró que "este no es un conflicto nuevo" y que los "muchos candidatos y funcionarios que se han reunido con la comunidad del parque han hecho compromisos que no han podido cumplir, ya que escapa a sus posibilidades" o debido a la falta de voluntad política del gobierno local".

Puntualizó que hoy las autoridades del GDF también se están poniendo en riesgo y podrían enfrentar un desacato a una resolución judicial, o bien pueden ser sujetos de denuncias por su actuación, por lo que urge "una solución de fondo, en beneficio de los habitantes de la Delegación Miguel Hidalgo".