Aprueban comisión de San Lázaro dictámenes sobre justicia a indígenas

La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados aprobó dos dictámenes en materia de atención jurídica y de desarrollo de los pueblos originarios, que tienen el objetivo de mejorar la impartición de justicia hacia ese sector poblacional.

En un comunicado, la presidenta de dicho grupo legislativo de trabajo, Eufrosina Cruz Mendoza, detalló que uno de esos dictámenes fue resuelto con la Comisión de Justicia de esta soberanía.

Informó que dicho dictamen propone reformar las leyes Federal de Defensoría Pública, General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Así como el Código General de Procedimientos Civiles para crear la figura de "asesor jurídico indígena", el cual deberá hablar la lengua materna de su representado.

Además, señala que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) será el encargado de realizar la acreditación de los defensores públicos y asesores jurídicos bilingües en lenguas indígenas.

También se determina que son causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la Federación los agentes de la Policía Federal Ministerial y, en lo conducente, de los oficiales ministeriales y peritos, el no solicitar intérprete o traductor en lenguas indígenas cuando proceda.

A su vez la secretaria de esa misma comisión, Josefina García Hernández, consideró que es importante impulsar el acceso a la justicia de esa población, pues ocho mil 122 indígenas están detenidos e involucrados en delitos de los fueros común y federal.

En México, 15.5 millones de personas se reconocen indígenas, mencionó la diputada, y según datos de la encuesta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2007, 82 por ciento de 586 indígenas consultados declaró no haber contado con un intérprete durante la averiguación previa del juicio en su contra.

En el padrón del Inali están inscritos 337 intérpretes, parlantes de 69 dialectos, y sólo 14 tienen certificación para participar como asesores jurídicos, una cifra insuficiente, pues existen 364 variantes lingüísticas, subrayó la legisladora.

El documento señala que la defensoría pública deberá proporcionar los defensores jurídicos que necesiten los estados con población indígena, quienes tendrán que conocer la cultura del pueblo aborigen y dominar la lengua.

Asegura que esta diferencia del idioma entre las instituciones competentes y los procesados, complica el ejercicio de la justicia y propicia la discriminación, y la lengua y la cultura indígena no deben ser una limitante para el acceso a la justicia y la educación, señaló García Hernández.

A su vez, la diputada perredista, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, expuso que regularmente los problemas legales de los indígenas se dan por defender sus tierras, y su primera dificultad al no hablar castellano es enfrentarse a una impartición de injusticia.

El otro dictamen aprobado reforma la Fracción V del Artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y propone que en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal se mencione también a los hombres y se incluya la palabra igualdad.