Fuero militar no debe desaparecer sólo debe ser acotado: especialistas

Especialistas, juristas y académicos coincidieron en que el fuero militar en México no debe desaparecer, sino sólo ser delimitado y acotado, por lo que se debe avanzar en un nuevo marco legal en materia castrense.

Durante el segundo día de trabajos de las Audiencias Públicas sobre Justicia Militar que organiza el Senado, Édgar Cortez Morales, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), indicó que la propuesta de organizaciones de la sociedad civil a la fracción dos del Artículo 57, va acorde con la resolución de la Suprema Corte de Justicia.

Explicó que la extensión del fuero militar a donde no lesione bienes jurídicos de las personas como proponen las comisiones, plantea un conflicto filosófico en el sentido de que la justicia militar no queda delimitada de manera precisa sino su alcance llega hasta donde no llega la ordinaria.

"Lo que debería ser excepcional la justicia militar y especial, se debe traducir en límites claros y precisos de lo contrario lo especial se eleva por encima de lo ordinario", advirtió.

En lo relativo a la competencia, el especialista subrayó que el proyecto no plantea ningún cambio, por lo que el Artículo 435 quedaría en sus términos originales. En este sentido, la propuesta es derogarlo, para establecer que la competencia de declinar sea exclusiva de la justicia ordinaria.

Sin embargo, no sería coherente con lo dictaminado, pues se propone que la facultad de declarar que un hecho es o no delito del fuero de guerra recaiga exclusivamente en los tribunales militares.

A su vez, Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó que el articulado no expresa dos elementos centrales del debate abierto y del consenso logrado.

La exclusión de las violaciones de derechos humanos del ámbito y alcance del fuero militar y el relativo a la exclusión de hechos en los que las víctimas son civiles.

En este sentido, precisó que son los legisladores los únicos que pueden tocar el "botón de alarma" y cambiar esta desconexión entre el sentido y contenido de los debates, hablar de derechos humanos, de exclusión de víctimas civiles y plasmarlo así en la norma.

Explicó que con la redacción presentada no subsistirá ninguna hipótesis legal en la que un delito cometido contra un civil quede constitutivo de alguna violación de derechos humanos se vea ventilado en órganos militares.

Abundó que el texto supone que ninguna violación a derechos humanos sea conocida en el fuero militar sin tener que incorporar en el texto normativo una alusión específica a éstos.

En tanto, Marco Antonio López Valdez, del Instituto Nacional de Ciencias Políticas, consideró que el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar debe prevalecer en los términos establecidos en el Artículo 13 de la Constitución.

Explicó que en esta disposición se delimita la competencia de los tribunales militares, se excluye en forma categórica cualquier posibilidad de que se enjuicie a personas ajenas al Ejército.

Asimismo, "ordena que cuando el delito o falta del orden militar hubiese intervenido un civil conocerá del caso la autoridad civil que corresponda", indicó.

Además, expresó que el proyecto que pretende una reforma en esta materia "carece de sentido", pero los tiempos que vive México exigen reconocer algunas insuficiencias en la materia.

Por ello propuso "crear el andamiaje jurídico que dé vida a una nueva justicia militar", congruente con el proyecto nacional previsto en la Carta Magna y alienada al nuevo sistema de justicia penal.

En su turno, Juan Velásquez, catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México, consideró que la afirmación de que el fuero de guerra se debe reformar para por fin castigar a los militares que delincan contra civiles es "errónea".

El objetivo de esta figura, destacó, es mantener la disciplina en las Fuerzas Armadas con castigos inmediatos y ejemplares, condiciones que no existen en el Fuero Civil o Común porque en este ámbito la impunidad es de 98 por ciento de los delitos que se cometen y sólo dos de cada 100 se sancionan.

Señaló que "los militares son quienes enfrentan a la delincuencia organizada para que la gente recupere la tranquilidad y las Fuerzas Armadas son las instituciones del Estado mexicano en las que la población confía sobre todo por sus acciones solidarias".

En este sentido cuestionó "¿Será realmente un reclamo de más de 110 millones de mexicanos la reforma al fuero de guerra? ¿Será una necesidad social limitar la competencia de los tribunales militares o más bien debiéramos de concluir que es un grupo de interés que no representa ni siquiera un porcentaje marginal de la población el que impulsa esta reforma?".

En su momento, el senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, recalcó que el punto de partida de la discusión es una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia generada a partir de una serie de casos presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Derivado de ello se precisó que la redacción del Artículo 57 del Código de Justicia Militar era contraria a dicha interpretación y, en consecuencia, devenía inconstitucional, por lo que se declara inconstitucional.

La Corte señaló que la jurisdicción militar penal es excepcional para tutelar la disciplina militar, cuando el sujeto pasivo sea civil la jurisdicción no es aplicable, pero introduce la posibilidad de que la jurisdicción sea civil en el caso de violaciones a derechos humanos.

Sin embargo, indicó que cuando se plantea el problema de la violación a los derechos humanos es cuando se torna preocupante "porque hay un problema de tipificación".

El dilema central -considero está en delimitar los contornos del sujeto pasivo, la violación de derechos humanos y la disciplina militar".

En tanto, el senador perredista Alejandro Encinas Rodríguez señaló que en la mayoría de los países prevalece el fuero de guerra en instituciones militares que no están supliendo funciones que debe cumplir la autoridad civil en materia de seguridad pública.

"Nos hemos acotado a las ocho iniciativas presentadas, cuyo objetivo es reflexionar sobre cómo acotar el fuero militar y no sobre la discusión de un nuevo código de faltas, infracciones, sanciones que no serán objeto de esta ley", precisó el también presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.

A su vez, Miguel Sarre Iguíniz consideró que la redacción es pertinente y el concepto de derechos humanos no ayuda porque se manejan categorías jurídicas, técnicas penales y se maneja el sujeto activo, pasivo, conducta, bien jurídico; introducir derechos humanos, es incorporar un elemento difuso. Además, dijo estar de acuerdo con el dictamen porque "zanja" todos los problemas.

Juan Velásquez destacó que sería terrible ampliar más allá de lo que se tenga que ampliar, acatando la resolución de la Suprema Corte, la jurisdicción civil.

"No vamos a castigar a los militares", lo único que se hará es relajar la disciplina militar, ya que no habrá castigos inmediatos y ejemplares que la imponga.

Insistió en que al artículo se le agregue que salvo cuando se perpetren en contra de un civil en cuyo caso la competencia corresponderá a los tribunales federales ordinarios.