Mejora el tiempo de atención en agencias del MP: México Unido

El consejero de México Unido Contra la Delincuencia, Fernando Ramos Casas, afirmó que siete de cada 10 agencias del Ministerio Público disminuyeron su tiempo de atención en delitos considerados como no graves, al pasar de dos horas o más a una hora o menos.

Al dar a conocer los resultados de su encuesta de percepción sobre la calidad del servicio en esos órganos de justicia en el Distrito Federal, indicó que se aplicaron 17 mil 137 cuestionarios en 73 agencias del 25 de julio de 2011 al 31 de enero de 2013.

Indicó que de acuerdo con los resultados, las agencias 4 y 5 en Miguel Hidalgo, la 7 en Cuauhtémoc y la 5 en Venustiano Carranza obtuvieron la calificación más alta en la evaluación general, mientras que la 9 y 10 de Iztapalapa, la 1 y 2 en Cuajimalpa y la 2 y 3 en Tlalpan, registraron los promedios más bajos.

En este sentido, precisó que los resultados indican una mejoría destacable de algunas agencias al aumentar de manera considerable su calificación, lo que ha redundado en la mejora del servicio que brindan a la ciudadanía.

En conferencia de prensa, Ramos Casas precisó que de acuerdo con la encuesta el 100 por ciento de las agencias cuenta con la Carta de los Derechos Humanos del Denunciante, Querellante, Víctimas o Ofendidos del delito.

Detalló que las agencias 2, 3 y 4 en Azcapotzalco, la 3 en Coyoacán, 2 y 4 en Gustavo A. Madero, y la 4 y 5 en Miguel Hidalgo fueron las que obtuvieron la más alta calificación en el eje que evalúa actos de ilegalidad o irregularidades.

En contraste, la 3 en Cuauhtémoc, la 2 en Milpa Alta, así como la 1 y 2 en Cuajimalpa, obtuvieron las calificaciones más bajas en ese rubro.

Como resultado de los datos de la encuesta, México Unido Contra la Delincuencia emitió una serie de recomendaciones a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, como es el organizar el presupuesto interno para que las agencias cuenten con insumos básicos y personal suficiente de acuerdo a sus cargas de trabajo.

Además de capacitar al personal ministerial en cultura de la legalidad para servidores públicos con la finalidad de modificar sus actitudes hacia el público en general y apegarse a la normatividad propia a su labor.