Urgen a mejorar sistemas de asistencia en favor de la infancia

La articulación jurídica de los sistemas de asistencia, salud, educación, desarrollo social y justicia constituye el gran desafío para la efectiva garantía de los derechos de las niñas y los niños en el país, aseveró la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

En un posicionamiento firmado por Juan Martín Pérez García, director ejecutivo del organismo, se plantea que un Sistema Nacional de Garantía de Derechos de la Infancia permitiría superar los problemas generados por la desarticulación entre las secretarías e instituciones que atienden al sector.

Subrayó que también es necesario superar la visión asistencialista hacia los niños y niñas para reconocerlos como ciudadanos plenos con derecho a participar en la definición e implementación de políticas públicas y programas.

En ese sentido la organización exhortó a todas las fuerzas políticas del país a lograr un gran consenso en torno a la iniciativa "10 por la Infancia", que impulsa el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, su consejo consultivo y la Redim.

Se pretende, destacó la red en el documento, que la iniciativa disponible en la página de Internet http://www.10xinfancia.mx que promueve 10 puntos estratégicos por la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia en México, se tome como punto de partida para revertir los rezagos en la materia.

A la fecha los gobiernos de Quintana Roo, Coahuila y Chiapas, así como el Gobierno del Distrito Federal, se han sumado a esa propuesta.

El organismo expuso que la celebración del 30 de abril constituye una oportunidad para recordar la deuda histórica que los adultos tienen con la infancia y reconocer que de manera cotidiana los niños son maltratados, considerados inferiores y objetos de propiedad familiar.

Recordó que según el UNICEF y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 54 por ciento de la población infantil vive en pobreza, ocho de cada 10 niños y niñas indígenas son pobres y cinco millones enfrenta pobreza extrema.

"Esas cifras son la evidencia más contundente de la gran deuda del Estado Mexicano en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, ya que aún no se ha construido un mecanismo de alto nivel jerárquico que obligue a articularse a las secretarías que actualmente atienden a la infancia", puntualizó.

Por otro lado, destacó que si bien existen diversas iniciativas que avanzan en favor del reconocimiento y garantía de derechos de la infancia como la campaña nacional de registro universal y la disposición del Poder Legislativo para avanzar en una nueva Ley General de Garantía de Derechos de la Infancia, entre otras, éstas aún son insuficientes para abatir el rezago en la materia.