Feministas acusan prejuicios en sistema judicial

El Estado mexicano ha avanzado para establecer la igualdad de género hacia su población, pero el sistema judicial aún arrastra prejuicios que no garantizan imparcialidad en sus decisiones para las mujeres, afirmaron funcionarias y especialistas feministas.

Al participar en el conversatorio El Estado mexicano y la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer), la jurista y experta en derechos humanos de las mujeres, Alda Facio Montejo, señaló que jueces y juezas toman decisiones basándose en "supuestos roles" entre mujeres y hombres.

Entre los prejuicios que se tienen en varias entidades del país, mencionó pensar que el lugar de las mujeres debe ser en el hogar, y que si aún con el sustento del hombre deciden trabar remuneradamente fuera de casa, "son malas madres".

Comentó que existe hostigamiento hacia el sector femenino desde el nivel policial, ministerios públicos y jueces de ambos sexos, que ponderan los derechos de los hombres sobre los de las mujeres.

Explicó que de acuerdo con la Observación General 28 de la Cedaw, los Estados tiene la obligación de eliminar la superioridad del sexo masculino en la sociedad, y garantizar la igualdad de género, que no es lo mismo que la equidad.

"No son lo mismo, la equidad tiene que ver con darle a cada persona lo que necesita pero sin eliminar la discriminación, mientras que la igualdad lo exige", dijo.

Celebró que varias dependencias y órdenes de gobierno en México hayan adoptado el término igualdad de género, como es el caso del Congreso de la Unión, donde las comisiones antes llamadas de Equidad y Género ahora se nombran Igualdad de Género, a partir de la reforma de abril de este año.

Por su parte, la representante en México de ONU Mujeres, Ana Güezmes García, indicó que el Estado mexicano ha avanzado en gran medida para acatar las observaciones de la Cedaw, como establecer medidas temporales a favor de las mujeres conforme a la recomendación número 5.

Esa observación señala que los Estados firmantes deben hacer uso de medidas especiales de carácter temporal como la acción positiva, el trato preferencial o los sistemas de cupos para que la mujer se integre en la educación, la economía, la política y el empleo.

El cumplimiento se ve reflejado con claridad en dos rubros, el de cuotas para espacios públicos a favor de las mujeres y el presupuesto etiquetado para políticas transversales.

Subrayó que existen jurisprudencias en México que dictan que estas medidas son constitucionales, y deben ser progresivas e irreductibles.