Aprueban diputados en lo general reforma sobre arraigos

La Cámara de Diputados aprobó en lo general por 389 votos a favor, 32 en contra y 14 abstenciones, el decreto que reforma el Artículo 16 de la Constitución con lo cual se acota y se hacen más exigentes las condiciones para otorgar el arraigo.

Asimismo, se reduce considerablemente esta figura de hasta 80 días a un máximo de 35, tratándose de delincuencia organizada. En el caso de delitos graves, el arraigo sólo podrá durar 20 días sin prórroga alguna, pues actualmente el máximo es de 40 días.

Además, se estableció que los organismos de derechos humanos podrán visitar sin previo aviso los centros de arraigo así como su vigilancia.

El pleno rechazó las 13 reservas que presentaron diversos diputados principalmente del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, por lo cual el dictamen fue avalado en lo particular por 280 votos a favor, 11 abstenciones y 12 en contra.

Antes de iniciar la discusión de esta propuesta el coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila, presentó una moción suspensiva, la cual fue rechazada por la mayoría de los legisladores.

En su exposición, argumentó que el arraigo, "una figura arcaica, deleznable, incluso ominosa", fue introducida en 2008 y desde entonces ha sido usada de manera irresponsable por la autoridad.

El representante del Movimiento Ciudadano consideró que aunque se intenta atenuar, se mantiene inalterable esa figura "haciendo caso omiso" a las recomendaciones de diferentes organismos pertenecientes a la Red Internacional de Protección de los Derechos Humanos.

Por ello, a su juicio, esta reforma significa "un esfuerzo tibio, medroso", pues recordó que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció porque el arraigo fuera considerado una figura inconstitucional.

Para fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno, subrayó que no obstante la controversia que causa esa figura, las autoridades encargadas de investigar delitos argumentan que es útil para allegarse de mayores elementos probatorios.

Empero, agregó, con ánimo de avanzar en su desaparición se propuso reducir su plazo y "rodearlo" de más requisitos para su petición y su respectiva concesión.

Con la finalidad de fortalecer la protección a los derechos humanos, se propuso que al solicitar esa medida el Ministerio Público la sustente en indicios suficientes que vinculen a la persona que se pretende arraigar, abundó.

Además, indicó que para evitar maltratos físicos, psicológicos o violación a los derechos humanos, los organismos defensores de los derechos humanos previstos en la Ley Suprema, deberán participar revisando en todo momento la aplicación del arraigo.

En cuanto al párrafo del Artículo 16 Constitucional relativo a la retención ante el Ministerio Público que actualmente es de 48 horas, es decir, dos días, y puede duplicarse en casos de delincuencia organizada, explicó:

Con la reforma aprobada podrá aumentarse la retención por 72 horas sólo tratándose de delitos que requieren prisión oficiosa a que se refiere el Artículo 19 constitucional.

Para obtener la ampliación del plazo de retención, explicó, el Ministerio Público solicitará dicha medida y el juez podrá autorizarlo siempre y cuando esto sea necesario para allegarse de mayores elementos probatorios y sustentar adecuadamente el ejercicio de la acción penal.

En tanto, al fijar la postura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Alberto Rodríguez Calderón, enfatizó que la Cámara de Diputados se ha caracterizado por mantener el respeto a los derechos humanos como el eje predominante de las reformas en materia de justicia.

Destacó que es importante establecer con precisión que los datos estadísticos o los datos de información que se han generado hablan de los delitos federales, de la eficiencia del arraigo en materia de delitos federales.

A nombre del Partido Acción Nacional (PAN), Consuelo Argüelles Loya, subrayó que con estas medidas se pretende fortalecer el Estado de derecho para garantizar en mayor medida la paz, la justicia y, sobre todo, la seguridad de los mexicanos.

Argumentó que la subsistencia de la medida atiende a la situación alarmante en el país debido a la delincuencia organizada, y las adecuaciones dan mayor seguridad jurídica en los procedimientos penales, y limitan el uso de la medida en casos excesivos.

El diputado Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, afirmó que para nadie son desconocidos los desafíos a los que se ha enfrentado el Estado mexicano los últimos años, que no han sido menores y que han lacerado a la población.

Una expansión de la delincuencia organizada en los últimos años, advirtió, es el claro ejemplo de los retos que el Estado mexicano y la autoridad debe de enfrentar.

Para el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo (PT), el arraigo ha sido una figura perversa y contraria a diversos instrumentos internacionales que ha suscrito el Estado mexicano en materia de derechos humanos.

Refirió que fueron consignadas 3.3 por ciento de las personas arraigadas, contra 96.7 en cuyos casos nunca se consiguieron las pruebas que acreditaran su presunta responsabilidad.

Del Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, sostuvo que el arraigo, no sólo lastima a quien lo sufre, "sino a la familia y a su entorno cercano que viven la incomunicación, que viven la incertidumbre, que viven el descrédito social de alguien que fue condenado ya sin pasar por un proceso judicial".