Perfila SCJN criterio tradicional en materia de derechos humanos

Luego de tres días de debate para determinar la jerarquía que corresponde a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales respecto a la Constitución, la mayoría de los ministros de la SCJN se han pronunciado por mantener la postura tradicional de la supremacía constitucional.

A partir del proyecto presentado por el ministro Arturo Zaldívar, quien propone un nuevo paradigma constitucional alejado de jerarquías para hacer de los derechos humanos -con independencia de su origen- el referente del control constitucional de todo el sistema normativo, sólo dos de los 11 ministros han respaldado plenamente su proyecto.

José Ramón Cossío y Olga Sánchez Cordero son los únicos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se han sumado a la propuesta de armonizar el conjunto de derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.

En tanto, siete ministros se han pronunciado ya sea por mantener incólume la preeminencia de la Constitución o por señalar que aun cuando los derechos contenidos en tratados también tienen nivel constitucional, en caso de controversia debe prevalecer la Carta Magna.

Aun cuando el presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza, no se ha manifestado al respecto ni se ha votado para definir el criterio mayoritario, los posicionamientos del resto de los ministros son contrarios a la propuesta de Zaldívar.

La ministra Beatriz Luna Ramos encabeza el grupo que mantiene la postura de que la Constitución está por encima de cualquier otra norma jurídica, y que la reforma de 2011 sólo obliga a respetar los derechos humanos contenidos en los tratados.

En sus posicionamientos, la ministra considera que ni siquiera es posible confrontar a los tratados con la Constitución y que, en tal caso, la reforma sólo serviría para combatir la legislación secundaria con los tratados internacionales.

Otro grupo de ministros, entre ellos Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Sergio Armando Valls y Alberto Pérez Dayán, sostienen que aun cuando puede aceptarse que dicha reforma ubicó en un rango constitucional los derechos humanos contenidos en los tratados, en caso de controversia y por deferencia al constituyente permanente las antinomias deben resolverse dándole preeminencia a la Constitución.

En este contexto, la postura de los ministros Arturo Zaldívar, José Ramón Cossío y Olga Sánchez Cordero queda en minoría. Ellos consideran absurdo hablar de la jerarquización de derechos humanos y distinguir los que son de origen constitucional o de un instrumento internacional.

A su juicio, ello implicaría nulificar algunos derechos o reconocer que unos son más importantes que otros, cuando la propia Constitución reformada establece que son indivisibles, universales y que su aplicación debe ser progresiva.

Hicieron notar que no se discute la supremacía constitucional desde el derecho interno, pero advirtieron que desde la perspectiva del derecho internacional la situación es otra, porque el incumplimiento de los tratados genera otro tipo de responsabilidad para los Estados.