Ven inconstitucionalidad en nuevo impuesto propuesto a minería

De aprobarse el nuevo gravamen propuesto para las actividades de la industria minera, tendría consecuencias económicas adversas para el sector y pudiera ser declarado como inconstitucional, advirtió la firma Baker & McKenzie México.

En un análisis, la empresa de consultoría señaló que el Ejecutivo propuso las llamadas "regalías mineras", las cuales buscan crear un nuevo impuesto sobre las ganancias de las empresas de esta industria.

Refirió que en su legislación minera, México mantiene un derecho sobre minería en función de la superficie y la antigüedad de la concesión otorgada, y otros países han adoptado esquemas en los que se cobra el derecho minero o regalía sobre la producción minera.

Sin embargo, precisó, también aportan a la industria otros beneficios que los hace atractivos para la inversión con la consecuente creación de empleo y bienestar.

"México es uno de los pocos países en el mundo que carece de este impuesto o gravamen," explicó el socio experto en el Sector Minero de Baker & McKenzie México, Jorge Ruiz.

"No obstante, el porcentaje que se plantea cobrar de manera general y la no deducibilidad del mismo del Impuesto sobre la Renta (ISR) y la imposibilidad de deducir de su base otros conceptos, lo convierte en uno de los más gravosos del mundo", añadió.

B&M afirmó que, independientemente de las repercusiones económicas que la introducción del Derecho Especial sobre Minería traería de aprobarse como se plantea por la cámara baja, la adopción del nuevo derecho pudiera ser declarado como inconstitucional.

De acuerdo con la firma, este nuevo derecho violaría algunos de los principios tributarios al no cumplir con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Uno de estos principios es el de legalidad tributaria, el cual busca que todos los elementos esenciales de los impuestos (sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago) se encuentren perfectamente definidos en el texto de la ley.

Esto, abundó, con la finalidad de que los contribuyentes tengan certeza de la forma en la que deben cumplir con sus obligaciones fiscales y, a su vez, las autoridades fiscales no tengan libertad de imponer contribuciones a título particular.

"De aprobarse, se violaría este principio ya que no se definen los elementos que integran la base del derecho, sino que se limita a remitir a las disposiciones de la Ley del ISR," comentó el socio de Grupo de Práctica de Resolución de Controversias de Baker & McKenzie México, Alfonso Cortez.

"Esto deja en estado de incertidumbre al contribuyente y deja al arbitrio de la autoridad la imposición de un tributo", agregó.

También se violaría el principio de proporcionalidad tributaria, el cual vela porque el contribuyente tribute o aporte al gasto público una parte proporcional de sus utilidades; es decir, que tribute conforme a su verdadera capacidad contributiva.

Además, el principio de equidad tributaria según el cual, para cumplirse, la ley debe otorgar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales salvo que el trato injustificado tenga alguna justificación objetiva o parafiscal que se advierta del propio texto de la ley o del procedimiento legislativo que le dio origen.

La consultora refirió el nuevo impuesto propuesto para las actividades mineras violaría además el principio de destino al gasto público, mediante el cual las contribuciones a cargo de los gobernados deben destinarse al gasto público, lo cual puede establecerse en el respectivo Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

"Este principio pudiera violarse porque el ingreso que percibiría el Estado no se encuentra destinado en el correspondiente PEF para el ejercicio Fiscal de 2013 (en caso que la reforma entre en vigor en este mismo ejercicio)", aclaró el socio de Grupo de Práctica Fiscal de Baker & McKenzie México, Luis Adrián Jiménez.

"En caso contrario, tendría que establecerse en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2014 o subsiguientes", subrayó.

Según B&M, las modificaciones a la Ley Minera pretenden establecer el pago de un derecho de acuerdo a un porcentaje que será aplicado a los ingresos obtenidos por las compañías mineras, menos las deducciones autorizadas, por lo que es posible que se cree una doble imposición sobre un mismo ingreso.

Además del Derecho Especial sobre Minería propuesto, la misma fuente de riqueza se encontrará gravada por el ISR, el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), el Derecho sobre Minería ya existente, así como los impuestos y derechos estatales y municipales respectivos", expuso Ruiz.

El socio experto en el Sector Minero de Baker & McKenzie México afirmó que esto sería, en consecuencia, "excesivamente gravoso y aniquilador de la actividad minera".

La firma estimó que, si bien quedan varios pasos por tomar para la aprobación del Derecho Especial de Minería, deben analizarse a profundidad los puntos sobre su posible inconstitucionalidad, la deducibilidad de éste del ISR, además del destino eficiente, autónomo, objetivo y apartidista que se dará a los recursos obtenidos de esta nueva recaudación.

Además, apuntó, es necesario considerar las consecuencias económicas adversas que pesan sobre la industria minera así como las consideraciones macroeconómicas globales y los precios de los minerales.

Sólo así, se podrá construir un marco más incluyente, equitativo y competitivo para la consolidación y desarrollo de la minería en México, sostuvo.