Urge diálogo maestros-autoridades sin que alumnos pierdan clases:Bucio

El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, llamó a que ante el conflicto magisterial se establezca un diálogo con las autoridades, sin que niños y jóvenes pierdan clases.

Tras la firma de un convenio entre el Conapred y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), refirió que desde la perspectiva de la no discriminación, no debe perderse de vista "el foco del asunto", que es el problema del sistema educativo nacional.

"Ahora la Constitución dice con toda claridad que en un conflicto como el que tenemos, se debe privilegiar el interés superior de los niños y niñas en el país. Está establecido como un criterio de interpretación para este tipo de conflictos", subrayó en entrevista.

"¿Cuál es el meollo de este conflicto? es los problemas que tiene el sistema educativo nacional, que no son problemas coyunturales, es un asunto que de alguna manera está teniendo que subsanar nuestro país por haber dejado durante tanto tiempo que fuera decreciendo la calidad en los estándares en el sistema educativo nacional", señaló.

Respecto a la discusión que se lleva a cabo en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en relación con la Constitución, se pronunció en favor del marco jurídico que beneficie a la sociedad.

"Como un organismo que tiene a su cargo también la defensa de un derecho central, tan central que está en el Artículo 1 de la Constitución, la igualdad y la no discriminación, es que lo que más protege a las personas y la sociedad es tener un marco legal lo más amplio y sólido posible", indicó.

Bucio Mújica agregó que "en ese sentido, que los tratados internacionales tengan hoy día rango constitucional creemos que es lo que más protege tanto a la sociedad, como a cada una de las personas".

Sin embargo, advirtió que está en riesgo de perderse "lo más importante en la materia constitucional de 2011", que es el principio pro persona como criterio de interpretación eje de los derechos humanos, es decir, que se privilegie lo que beneficie más a las personas en el ejercicio de sus derechos y libertades.