Pide asociación pro derechos de propiedad rural respeto a defensoras

La directora de la asociación Anauatlali Pro Derechos de la Propiedad Rural, Cecilia García, se sumó a la exigencia del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para que se establezca un programa de protección a las defensoras de derechos humanos en México.

"Urge crear en esta administración federal mecanismos de protección para quienes se dedican a defender los derechos humanos de la población femenina en cada uno de los estados de la República, donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales sean las vigilantes de que el programa se cumpla", anotó.

En un comunicado, coincidió con el Inmujeres en que cuando hay violencia contra una defensora o defensor de derechos humanos, la Secretaría de Gobernación (Segob) es la instancia responsable de recibir las solicitudes de protección para ellos, pero hace falta que los gobiernos estatales reconozcan la labor que realizan estos activistas.

Comentó que "la cultura patriarcal, machista y misógina impide, en caso del sector femenino, el respeto a los derechos y dignidad de las mujeres que se dedican a la defensa de los derechos humanos en la ciudad y en el medio rural".

En este sentido, el investigador de la asociación Eloy Antonio Jiménez explicó que el panorama puede ser desalentador para los defensores de los derechos humanos, ya sean hombres o mujeres, pero es más preocupante el tema en el medio indígena.

Ello debido a que la subyugación de los pueblos indígenas es un problema histórico; la dominación y explotación ha constituido una denegación de los derechos humanos fundamentales a lo largo del tiempo, contraria a su desarrollo económico, social y cultural.

A pesar del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en diversos instrumentos normativos nacionales e internacionales, aún no son considerados como sujetos de derecho, por el contrario, el Estado los ha mantenido en una condición de tutela, alertó.

Por ello, Jiménez pidió crear conciencia en la sociedad y en las autoridades para que reconozcan a los grupos indígenas como sujetos plenos de derecho, considerando sus tradiciones y costumbres.

También pidió al Estado asumir cabalmente sus obligaciones establecidas en el artículo primero de la Constitución, reformado el 10 de junio de 2011, que destaca la obligación de las autoridades de respetar, garantizar y promover los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad y progresividad.