Presentan diputados del PRD su agenda legislativa

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, informó que la agenda legislativa de su partido para el próximo periodo de sesiones prevé la defensa del petróleo y el rechazo total a cambios constitucionales en materia energética y al imponer IVA a alimentos, medicinas y libros.

En conferencia de prensa, el líder de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) afirmó que no están de acuerdo que se reforme la Constitución a fin de permitir la inversión privada en el sector petrolero.

"Como legisladores y legisladoras de la izquierda estamos comprometidos con la defensa de los bienes de la nación, de los trabajadores y de nuestra economía", puntualizó.

Sin embargo, reconoció que la inversión privada es un motor fundamental para el crecimiento económico nacional y por ello legislarán para impulsarla plenamente, con una corresponsabilidad que permita garantizar los derechos humanos de los trabajadores.

Además se prevé defender la rectoría estatal del sector energético y la optimización de los recursos fiscales, en aras de beneficiar a toda la población y no sólo de unos cuantos grupos privilegiados, por lo que refrendaron su compromiso de unidad y de congruencia.

Al enumerar los temas que incluye la agenda legislativa que los perredistas impulsarán en el primer periodo del segundo año de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, también hablaron de no esquivar el debate en el tema de la despenalización de algunas drogas.

El coordinador del sol azteca en la cámara baja explicó que lo que se propone es que se abra el debate, al tiempo que indicó que "no hemos dicho de que estamos a favor de que se legalice, sino que se dé el debate".

Esto, comentó, "en función de las implicaciones que tiene de los efectos que pudiera generar en el ámbito social, sobre todo de los jóvenes".

El legislador indícó que otro tema es impulsar un verdadero cambio del régimen político, que fortalezca el equilibrio entre los poderes, que le confiera mayores facultades legislativas y de fiscalización al Poder Legislativo.

También la legislación secundaria en materia de participación ciudadana y consulta popular, impulsando también una reforma electoral que implique reformas a los órganos del sector.

Precisó que esto tiene el objetivo de dotarlos de mayores facultades de supervisión y sanción de carácter preventivo más que de carácter correctivo, para facultarlos, por ejemplo, para analizar y revisar financiamientos y sanciones al rebase de topes de campaña.

También se prevé defender la reforma política del Distrito Federal para que a la Ciudad de México se le reconozca el carácter de autonomía y el principio de capitalidad.

Esto, estableció, le permitirá aprobar su propia Constitución, en la perspectiva de convertirse en una ciudad capital con derechos plenos y con la posibilidad del goce de las prerrogativas que gozan el resto de las entidades federativas.

Otro punto que analizarán será escuchar, atender e integrar las propuestas de los maestros de México, quienes no se oponen a una evaluación de su desempeño sino a la imposición de criterios y estándares fijados por actores económicos.

Aureoles Conejo indicó que los perredistas plantean impulsar una reforma hacendaria y fiscal que reforme y eleve los ingresos del Estado para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones básicas, en especial de los derechos sociales y del crecimiento económico sostenido.

También prevén defender su iniciativa de reforma energética para la modernización de Petróleos Mexicanos, preservando la propiedad y la rectoría del Estado sobre los hidrocarburos, oponiéndose a cualquier iniciativa que pretenda cambiar la Constitución.

Por tal motivo, se contempla convocar a la movilización social de conciencia para que la lucha del sector energético se dé en todos los espacios de la sociedad, tanto en las Cámaras del Congreso de la Unión como fuera de ellas.

Esto será, acotó, impulsando de manera nacional la consulta popular para que la decisión de todos sobre la industria energética sea vinculante y sirva de base para cualquier política de cambio en este sector.

Además se presentará en este periodo de sesiones una iniciativa integral para el fortalecimiento y modernización de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se plantee un nuevo esquema tarifario.

El líder perredista en San lázaro señaló que también se buscará defender las iniciativas que proponen una reforma a la seguridad social para que su cobertura sea universal, que incluya el respeto a los derechos humanos de los trabajadores y que sea equitativa, solidaria, pública, redistributiva y viable, social y financieramente.

Otro punto será analizar y oponerse a cualquier iniciativa que pretenda incentivar el mercado informal, donde laboran millones de mexicanos sin seguridad social, sin medidas de protección, sin fondos para el retiro y sin ninguna otra prestación u obligación del Estado.

Anunció que en este periodo de sesiones defenderán, en el marco de la discusión de la reforma financiera, el fortalecimiento sobre todo a las bancas de desarrollo y social, así como los créditos a la mediana, pequeño y microempresas.

Los perredistas también intentarán que se fijen criterios más claros de protección para los usuarios de los servicios financieros, garantizando una debida protección legal de todas y todos los que utilicen este tipo de instituciones.

Los diputados del PRD proponen desarrollar un paquete de propuestas legislativas tendientes a combatir la pobreza, la desigualdad y le inequitativa distribución del ingreso, integrando una política de desarrollo clara y efectiva para el sector rural y el sector campesino.

En materia de seguridad se establece discutir, proponer y construir un nuevo esquema de seguridad ciudadana alejado de la visión militarista y policial que se mantiene en todo el país, donde se atienda a las víctimas del delito de manera integral, en que se ataquen las causas de la violencia y no sólo sus consecuencias.

Con ello se podrá también construir mecanismos para atender, regular y coordinar las acciones de seguridad y autoprotección que han desarrollado algunas comunidades indígenas.