Ministros de Corte se pronuncian por mantener sana a la Constitución

Con el reconocimiento de que figuras contenidas en la Constitución vigente como el arraigo, la prisión preventiva o la extinción de dominio pueden ser violar los derechos humanos considerados en tratados internacionales, ministros de la SCJN plantearon mantener incólume la supremacía constitucional.

Lo anterior lo expusieron durante el segundo día de debates sobre el lugar que debe corresponder a los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que México forma parte, en el orden jurídico nacional.

Ministros de la SCJN mantuvieron las posturas irreconciliables de los que propugnan por mantener la supremacía constitucional y los que proponen integrar una fórmula única de derechos humanos como referente de control de todo el sistema normativo mexicano.

Aún no ha concluido la posición de los 11 ministros sobre el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, quien propuso justamente un nuevo paradigma en materia de derechos humanos.

Dicha propuesta, a partir de la reforma constitucional de 2011 en esta materia, en donde se planteó abandonar la tradicional concepción de jerarquización de las normas, lo que ha generado la clara conformación de dos bloques.

Quienes hasta el momento se han manifestado abiertamente contra el proyecto del ministro Zaldívar son los ministros Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar y Beatriz Luna Ramos. Ellos han defendido la postura tradicional por mantener la jerarquía y desde luego poniendo en el lugar preminente a la Constitución.

Simultáneamente se ha conformado otro bloque por el ministro ponente Arturo Zaldívar y a él se han sumado los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cosío Díaz y Olga María Sánchez Cordero, quienes se han manifestado a favor de la nueva concepción propuesta en el proyecto que se debate.

Aunque otros ministros habían insinuado la misma preocupación, fue la ministra Beatriz Luna Ramos quien enumeró específicamente "algunos pequeños botones" contenidos en la Constitución que difícilmente pasarían la prueba de convencionalidad de los tratados de derechos humanos.

Luna Ramos mencionó el arraigo, la prisión preventiva, la extinción de dominio, la no reinstalación en su empleo de policías, peritos y ministerios públicos aunque demuestren lo injustificado de su despido.

Además de la exclusividad del Estado para determinadas actividades productivas, y la prohibición para que los ministros de culto desempeñen cargos públicos, sin mencionar la discriminación de los mexicanos por naturalización, detalló.

Todas estas figuras, dijo, el constituyente permanente mexicano las consideró necesarias para la realidad y la idiosincrasia nacional, pero se tendrían sin aplicar si prosperara el proyecto del ministro Zaldívar, agregó.

Al igual que los ministros que defienden la supremacía constitucional sobre los tratados internacionales, precisó que no se puede someter el orden jurídico interno a los instrumentos internacionales.

En tanto, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien no sólo defiende el proyecto de su colega Arturo Zaldívar, sino que además tiene una propuesta parecida para resolver una controversia similar, introdujo diversos matices para enfrentar los cuestionamientos.

Así, puntualizó que si bien puede aceptarse hablar de una subordinación de los tratados internacionales respecto a la Constitución, no puede decirse lo mismo respecto a los derechos humanos, ya que éstos, tal como lo establece la propia Carta Magna reformada, son indivisibles universales e interdependientes.

Independientemente de su origen formal, ya sea constitucional o de un tratado internacional, los derechos humanos son únicos, y como lo establece el proyecto a debate pueden servir como parámetro de control para todo el sistema normativo.

Gutiérrez Ortiz Mena señaló que para quienes defienden el sistema jerárquico no habría mayor problema para resolver las antinomias entre la Constitución y los tratados, pues ésta tiene preeminencia sobre aquellos.

Por el contrario, agregó, quienes defienden el nuevo paradigma sugieren utilizar el principio pro-persona como medio para resolver las antinomias entre la Constitución y los tratados, interpretación que se puede desprender de la propia Constitución reformada.

De lo expuesto por los opositores al proyecto del ministro Zaldívar se deduce que hay antinomias en la propia Constitución y como éstas no pueden resolverse recurriendo a la jerarquía de unas sobre otras, ya que todas están en la Constitución, la forma de resolverlas es con la ponderación que proponen los que están a favor del proyecto, utilizando siempre el principio pro-persona.

El debate continuará en las próximas sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta que haya una resolución definitiva.