Piden beneficiar con ley de víctimas a familiares del caso Heaven

Diputados locales del PAN exhortaron al jefe de gobierno, Miguel Angel Mancera, a gestionar para que las familias de los desaparecidos en el Bar Heaven se beneficien con la Ley Federal de Víctimas y puedan tener acceso a los expedientes.

En rueda de prensa, la legisladora Olivia Garza se refirió además a las declaraciones del procurador general de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos Garza, de que el multihomicidio se debió sólo a un ajuste de cuentas entre bandas provenientes de Tepito.

"No podemos vetar una línea de investigación, como es el caso de la delincuencia organizada" pues "la Ley de Crimen Organizado de manera muy clara establece que existe crimen organizado cuando más de tres personas se confabulan para cometer un acto delictivo", argumentó.

Por ello sostuvo que con la derogación de la Ley Contra la Delincuencia Organizada de esta capital el 30 de abril "le cortaron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal uno de sus brazos para poder ejecutar las investigaciones en el tema de delincuencia organizada".

En tanto la diputada Gabriela Salido dijo que el caso Heaven aún no está cerrado y atribuyó el hallazgo de los cuerpos en el Estado de México a un "golpe de suerte y no al talento ni a las líneas de investigación de la PGJDF".

Acusó tanto a la PGR como la PGJDF de carecer de la "sensibilidad" para informar en primera instancia a los familiares de las víctimas, quienes se han enterado a través de los medios de comunicación.

"Nos solidarizamos y exigimos la pronta consignación de los autores materiales e intelectuales de este lamentable caso y la atención adecuada a los familiares de los jóvenes desaparecidos", remarcó.

A su vez la también legisladora local del PAN, Laura Ballesteros, sostuvo que el problema más grave al que se enfrentan los capitalinos es la falta de reconocimiento del Gobierno del Distrito Federal sobre la participación del crimen organizado en esos hechos.

A decir de Ballesteros Mancilla hubo violaciones a los derechos humanos en el proceso que ha seguido la investigación por parte de la procuraduría capitalina que, dijo, al principio no atendió las denuncias presentadas ante el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA).