CNDH emite recomendación por mujer encarcelada tras pedir pensión

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 32/2013 a distintas autoridades del Distrito Federal, por las acciones y omisiones que de manera ilegal e injusta permitieron mantener 12 meses en prisión a una mujer que reclamó pensión alimenticia.

El organismo nacional dio a conocer en un comunicado que las autoridades señaladas son el jefe de Gobierno, los presidentes del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, así como de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

"La CNDH considera que con la actuación de estos funcionarios se configura un tipo de violencia contra la mujer, al revictimizarla por exigir esa retribución para sus hijos, lo que constituye una violación de las leyes y tratados internacionales que tutelan los derechos humanos".

Recordó que en agosto de 2011 la mujer demandó al padre la pensión alimenticia para sus hijos, dos menores de edad con discapacidad, a lo que él respondió con una acusación de fraude genérico y violencia familiar contra los niños, hechos que no existieron.

En consecuencia, la agraviada, quien se encontraba recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, solicitó el apoyo de la CDHDF para su atención y la de sus dos vástagos.

De acuerdo con el organismo nacional, "sin realizar mayores acciones que la consulta de expedientes, el citado organismo local concluyó el caso mes y medio después de su radicación, bajo el argumento de que 'no existen suficientes elementos para acreditar la violación a derechos humanos'".

La víctima impugnó ante el organismo nacional, describiendo "los agravios que le causó" la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y que según la CNDH "acreditó debidamente".

En su indagatoria se comprobó la violación a las garantías fundamentales, la seguridad jurídica, la legalidad, el acceso a la justicia y al debido proceso de la víctimas, además del derecho de los niños y al desarrollo integral de los dos infantes.

De acuerdo con el documento 32/2013, se solicitó al jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF) y al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJDF) y del Consejo de la Judicatura, reparar los daños a la mujer y a sus dos hijos.

También se "solicitó que en un acto público, ante la presencia de las víctimas y familiares, se les ofrezca una disculpa institucional, lo cual implique el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron servidores públicos de esas dependencias", cita el texto.

Ahí, se deberán dar "a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron lugar a esta recomendación", añadió.

Al titular de la CDHDF pidió, además, investigar de forma integral las acciones y omisiones de algunos servidores públicos de este organismo, así como capacitar a ese personal sobre los derechos de los infantes y las mujeres, a fin de garantizar la no repetición.

Asimismo solicitó la colaboración en el trámite de queja que promueva ante la Contraloría General capitalina, la Visitaduría General de la fiscalía del Distrito Federal y el Consejo de la Judicatura.