SCJN debate lugar de derechos humanos en tratados internacionales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó a resolver el tema referente al lugar que le corresponde a los derechos Humanos contenidos en los tratados internacionales.

El tópico que deberán resolver los ministros de la SCJN derivó de las diferentes interpretaciones de tribunales colegiados sobre la forma de definir la interacción entre las normas constitucionales y las de fuentes internacionales que reconocen derechos humanos.

El proyecto, puesto a debate por el ministro Arturo Zaldívar, destaca el Artículo 1 de la Constitución vigente a partir de la reforma de 2011, que establece que los derechos humanos, ya sea los contenidos en la Carta Magna o en los tratados internacionales de los que México es parte, integran un solo conjunto o catálogo de derechos.

Zaldívar Lelo de Larrea recordó que los tribunales resolvieron en su momento bajo el esquema legal vigente en 2009, la reforma constitucional de 2011 que incorporó los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales a la Constitución misma.

Sin embargo, indicó, el problema es determinar la forma en que se deben relacionar unos con otros, en atención a su origen.

Recordó que hasta antes de la reforma de 2011, se consideraba a los tratados internacionales en un nivel jerárquico inferior respecto a la Constitución.

Pero actualmente, dijo, ese cambio significó que no hay conflicto alguno entre los derechos humanos contenidos en la Carta Magna y los de los tratados, ya que estos últimos quedan constitucionalizados.

En ese sentido, consideró que la existencia de ese catálogo único se forma por mandato de la propia Constitución y debe utilizarse para interpretar cualquier norma relativa a los derechos humanos, y más importante, debe ser usado como "parámetro de control de regularidad constitucional".

El proyecto de Arturo Zaldívar establece que las relaciones entre los derechos humanos que integran ese conjunto, deben resolverse al partir de la interdependencia e indivisibilidad, lo que excluye la jerarquía entre unos y otros, por lo cual se debe utilizar el principio pro persona como herramienta para permitir su funcionalidad.

En la sesión de hoy, no todos los ministros alcanzaron a exponer su postura, algunos de ellos, como José Ramón Cossío y Olga Sánchez Cordero adelantaron su respaldo al proyecto, similar a otro de su homólogo Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, mientras que Jorge Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar expresaron algunas reservas.

El tema quedará dilucidado en los próximos días, pues los ministros deben resolver varios casos similares que están en su agenda, a partir de los cuales esperan aprobar criterios generales en forma de jurisprudencia para ser aplicados por las autoridades de todo el país.