Llevan caso contra El Salvador a Corte Interamericana Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso contra El Salvador, por la desaparición forzada de niños durante el conflicto armado en ese país.

El caso se refiere a la desaparición de los niños José Adrián Rochac Hernández, Santos Ernesto Salinas, Manuel Antonio Bonilla Osorio y Ricardo Ayala Abarca, así como la niña Emelinda Lorena Hernández.

Estas desapariciones tuvieron lugar entre 1980 y 1982 en circunstancias similares, en el marco del conflicto armado, tras operativos militares "contrainsurgentes" en los cuales sus familiares o bien lograron escapar o fueron asesinados.

Los menores fueron vistos por última vez con miembros de las fuerzas armadas y fueron apropiados por militares, quienes dispusieron de su destino.

La CIDH indicó que pasados más de 30 años de estas desapariciones, hasta la fecha no ha sido posible establecer el destino o paradero de ninguna de las cinco víctimas.

"Estos hechos se encuentran en la impunidad, pues el Estado no llevó a cabo una investigación seria y diligente, en un plazo razonable, sobre la desaparición forzada de las víctimas como mecanismo para garantizar sus derechos", indicó el organismo hemisférico.

La Comisión también concluyó que El Salvador violó los derechos a la familia y a la especial protección de los niños y niñas dado que fueron las fuerzas armadas las que provocaron la separación de las víctimas de sus familias de origen mediante su desaparición forzada.

El caso fue turnado a la Corte IDH el 21 de marzo de 2013, después de que la comisión concluyó que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en su Informe de Fondo sobre el caso.

En el mismo la CIDH recomendó al El Salvador investigar de manera completa, imparcial y efectiva el destino o paradero de los menores, y asegurar su reunificación familiar en caso de ser encontrados.

También recomendó investigar los hechos de manera completa, imparcial y efectiva para determinar la responsabilidad y sancionar a todos los autores de estas violaciones.