Difieren España y Reino Unido en vías para solucionar crisis Gibraltar

Los gobiernos de España y Reino Unido difieren en las vías que deben abordar para solucionar la crisis con Gibraltar, colonia británica en la costa sur española, y solo coinciden en advertirse mutuamente "acciones legales" a aplicar.

La disputa se centra en los planes de expansión de Gibraltar con la creación de un caladero que afecta el paso de los buques pesqueros españoles, a lo que España respondió con duros controles en la frontera, que generan largas filas y congestión vehicular dentro del Peñón.

Los componentes adicionales que rodean la crisis, según el gobierno español, son el contrabando de tabaco (de Gibraltar a España) y el "bunkering" (la venta de gasolina y combustibles de barco a barco) en aguas de gibraltareñas.

La versión de Gibraltar es que los controles fronterizos de España "están motivados políticamente", y que el caladero en la línea marítima con España es para crear un refugio de las especies marinas en su parte de mar.

Los problemas y los temas que se quieren tratar ya fueron formulados por el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, y el primer ministro de Reino Unido, David Cameron, a la Comisión Europea (CE) que se prepara como observadora en esta crisis.

Sobre los controles en la frontera, Reino Unido los considera "desproporcionados" por los fuertes retrasos que provoca, por lo que pide un diálogo directo que se limite a solucionar este aspecto del conflicto.

En sus comunicados, el gobierno de Cameron no hace referencia a las peticiones específicas de España sobre el caladero de bloques de cemento en la bahía de Algeciras, y menos aún sobre el contrabando de tabaco y otros problemas.

Sin embargo, dejó clara su posición de rechazo a la tasa de tránsito por la frontera que propuso el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, que funcionaría como "peaje" para la descongestión del tráfico.

Por su parte, España tiene mayores demandas, desde la revisión del caladero, el contrabando de tabaco, el "bunkering", hasta el trato que reciben los policías y guardias civiles españoles que cuidan la frontera, el lavado de dinero en la colonia británica.

A todo ello, se suma la denuncia de los planes de expansión de Gibraltar en la parte de Mar Mediterráneo que alcanza, con la construcción de un complejo turístico, Cabo Privilegiado, en una superficie de costa que rellena para ganarle terreno al mar.

Los dos gobiernos en sus declaraciones y comunicados coinciden en que se estudian medidas legales sobre las acciones por las que se acusan mutuamente, las que todavía no anuncian.

En el caso de España, se encargó un informe de la Abogacía General del Estado, para estudiar la tasa de peaje, y en el caso de Reino Unido encargó a Gibraltar documentar todo lo que ocurre en la frontera para denunciar irregularidades en los controles.

Ante esas posiciones, la CE prepara conjuntamente con los dos gobiernos una misión de observación en Gibraltar, aunque ha dejado claro que solo quiere asesorar y hacer respetar las normativas europeas, pero que la resolución de la crisis corresponde a España y Reino Unido.