Reporta conflicto con Gibraltar un mes de escalada de tensión

La tensión entre España y Reino Unido por el centenario conflicto con la colonia británica de Gibraltar reporta un mes de escalada por acciones y declaraciones que han agudizado esta crisis.

La disputa actual, según el gobierno español, inició el 24 de julio pasado, cuando las autoridades gibraltareñas comenzaron a lanzar 60 grandes bloques de cemento en la línea marítima que comparte con España, que acusa del impacto ambiental y efecto a sus pescadores.

En tanto, el gobierno de Gibraltar, a cargo del primer ministro Fabián Picardo, aseguraba que se construye un arrecife para ayudar a preservar la fauna marina del litoral del Peñón, y los pescadores españoles de la bahía de Algeciras no han dejado de movilizarse desde entonces.

El 26 de julio comenzó a responder el gobierno español, mediante un reforzamiento de los controles fronterizos de quienes intentan pasar por la verja, y que ese día generaron largas colas de vehículos de hasta siete horas de retraso.

El 30 de julio, el gobierno español presentó una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente (de España) para investigar el caso de los bloques de cemento en las aguas que comparte con Gibraltar.

El 2 de agosto, el Ministerio del Interior emitió un comunicado para denunciar que los agentes de Policía y Guardia Civil que trabajan en la frontera eran acosados en una página de internet pro gibraltareña, al publicar sus fotos, pedir que se ayudara a su identificación y los calificaba de torturadores.

El gobierno británico llamó ese día a consultas al número dos de la embajada de España en Reino Unido, Ramón Gandarias, para protestar por los retrasos en los controles fronterizos que aplica España.

El 4 de agosto, en una entrevista al diario ABC, el ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, dijo que se quería imponer una tasa de 50 euros para entrar y salir de Gibraltar.

El mismo día, la Foreign Office reaccionó en Londres mediante un comunicado en el que aseguró que "las diferencias con España sobre Gibraltar se resolverán por medios políticos, no a través de medidas desproporcionadas".

El 5 de agosto, el primer ministro británico David Cameron expresó su preocupación por esta crisis, mientras la Comisión Europea (CE) intervino por primera vez para anunciar que prepara una reunión con los dos países para el mes de septiembre.

El 6 de agosto el gobierno español encarga a la Abogacía General del Estado analizar posibles medidas adicionales contra Gibraltar, mientras el gobierno del Peñón anunció que preparaba más acciones para defenderse de España.

El 7 de agosto se da la primera conversación telefónica entre Cameron y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en la que ambos discreparon sobre la salida de la crisis.

Mientras un portavoz británico afirmó que Rajoy se había comprometido a suavizar los controles fronterizos, el gobierno español aseguró que el mandatario español se limitó a explicar a Cameron que esas medidas buscan frenar "tráficos ilícitos".

Ese mismo día, las autoridades de Gibraltar detuvieron a tres pescadores españoles y a tres gibraltareños a quienes acusó de tráfico de tabaco y los multó con mil 400 euros.

El 8 de agosto, España protestó debido a que un eurodiputado británico, junto con policías de Gibraltar, grabó a los policías y guardias civiles que controlan la frontera del lado español.

El 9 de agosto, Rajoy declaró -tras reunirse con el rey Juan Carlos- que "el gobierno de España se reserva todas las medidas legales sobre Gibraltar", y culpó al lanzamiento de los bloques de cemento de romper el acuerdo pesquero que estaba vigente desde 1999.

El 12 de agosto, Cameron responde que "se preparan acciones legales sin precedentes" y se dijo "decepcionado" de que España no haya suavizado los controles en la frontera con Gibraltar. El gobierno español respondió que es irrenunciable el cuidado del paso fronterizo.

El 13 de agosto Madrid anuncia que endurecerá las medidas contra el "búnkering", la venta de combustibles a gran escala de barco a barco en aguas de Gibraltar, con lo que aparece un nuevo componente en la presente disputa.

El 16 de agosto, Cameron pidió al presidente de la Comisión Europea (CE), el portugués José Manuel Durao Barroso, el envío de observadores a Gibraltar para evaluar los controles fronterizos que Reino Unido considera "desproporciondos".

Ese mismo día el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que Gibraltar importa cada año 140 millones de cajas de cigarros, y que 175 mil de ellas fueron incautadas en la frontera el año pasado, lo que justifica endurecer los controles.

Además, España protestó por el proyecto turístico de Gibraltar, Cabo Privilegiado, que consistirá en la construcción de un hotel y dos mil 500 departamentos en una superficie de costa que rellena para ganarle terreno al mar.

El 19 de agosto, Rajoy pidió a Durao Barroso la investigación de parte de la CE de varios aspectos que van más allá de los controles fronterizos, como es el contrabando de tabaco y las acciones de Gibraltar en el mar, entre otros.

El 20 de agosto, la CE responde que quiere ampliar su observación en Gibraltar a otros aspectos más allá de los controles fronterizos, y asegura que la misión que encabezará la comisaria del Interior, Cecilia Malmstrom, programada para mediados de septiembre, se podría adelantar.

Ese mismo día trasciende que España no ha tomado una decisión sobre la tasa de cobro en torno a la frontera, que podría ser un peaje en momentos de alta demanda para reducir la congestión, tal como se aplica en el centro de Londres desde 2003.

Este viernes 23 de agosto, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) pidió al gobierno de Rajoy actuar ante lo que considera "acoso profesional" que sufren sus compañeros en la frontera con Gibraltar, debido a los controles que aplican.