Deploran FIDH y ONGs suspensión del juicio contra Ríos Montt

La FIDH y más de 25 ONGs de derechos humanos de países latinoamericanos, deploraron la suspensión y posible anulación del juicio contra el ex presidente de facto (1982-1983) de Guatemala general Efraín Ríos Montt por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

En una declaración conjunta la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)) y más de 25 organizaciones defensoras de derechos humanos urgieron a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala a actuar con independencia e imparcialidad en el juicio contra Ríos Montt.

Llamaron a las autoridades guatemaltecas para que en sus decisiones sobre los recursos interpuestos en el contexto del proceso que se sigue contra Ríos Montt se salvaguarden los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y a la reparación, a la luz de los tratados internacionales ratificados por Guatemala.

"Son treinta años de espera para las víctimas del genocidio y de delitos de lesa-humanidad contra el pueblo Ixil, cometidos durante los años de 1982 y 1983", subrayó el texto.

"Las autoridades judiciales guatemaltecas tienen la responsabilidad mayor de actuar con absoluta independencia e imparcialidad en aras de luchar contra la impunidad", agregó.

Sin más defensa que una estrategia dilatoria, los abogados del General Ríos Montt y de su ex jefe de inteligencia militar Mauricio Rodriguez Sanchez, han interpuesto más de cien recursos para evitar que se haga justicia.

"La FIDH deplora este nuevo intento por entorpecer y anular el proceso", subrayó.

El uso abusivo de recursos de apelación y amparo ha sido una de las serias falencias del sistema de justicia guatemalteco, que ha contribuido a la impunidad de graves violaciones de derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han denunciado la permisividad de los jueces respecto del uso malicioso del amparo y otros recursos legales como estrategia dilatoria de los procesos, indicó.

En ese sentido, señaló que los jueces tienen la obligación de actuar como verdaderos rectores del proceso y no servir, como espectadores pasivos, de las estrategias dilatorias de las partes.

"Como garantes de la ley, la judicatura debe evitar que el abuso de la misma favorezca la impunidad por crímenes internacionales", enfatizó.

No se puede retrotraer este proceso histórico que ya estaba en un estado avanzado de la etapa de juicio, valoró la FIDH.

"Más de 100 testigos, sobrevivientes y expertos han rendido su declaración en el estrado, y la anulación de sus declaraciones sería una afrenta a la confianza puesta por estas personas en la administración de justicia", señaló.

Las ONG's se unieron a las múltiples voces que proclaman su preocupación por la suspensión del proceso contra Ríos Montt y por su posible anulación.

"La incertidumbre generada por las decisiones de las autoridades judiciales de los últimos días nos lleva a solicitarles que como máxima instancia de las garantías constitucionales y fundamentales de los y las guatemaltecas, aclaren el alcance de las decisiones tomadas en los recursos resueltos, salvaguardando el derecho de las víctimas", concluye.