Regula Cuba destino y conservación de bienes confiscados

En una nueva medida anticorrupción, el gobierno de Cuba reguló hoy el depósito, conservación y disposición de bienes ocupados en procesos penales y confiscatorios administrativos, informó hoy la Gaceta Oficial.

La disposición publicada este jueves establece que los organismos como el Banco Central de Cuba, los Ministerios del Interior, Energía y Minas, Comunicaciones, Salud Pública, Agricultura y Comercio Interior, serán los encargados de esta gestión.

El Decreto No. 313 emitido por el Consejo de Ministros que encabeza el presidente Raúl Castro ordena además cómo se traspasan a favor del Estado esos bienes tras su confiscación y las reglas para su devolución, cuando corresponda.

Según el texto, las ocupaciones se realizan de acuerdo con lo establecido en el Código Penal y otros instrumentos sobre bienes obtenidos mediante enriquecimiento indebido y por hechos relacionados con las drogas, actos de corrupción o con otros ilícitos.

El diario Juventud Rebelde indicó que la legislación tiene el objetivo de "evitar altas permanencias de los bienes depositados con las consiguientes afectaciones para la economía nacional", una velada alusión a la misteriosa desaparición de algunos de esos decomisos.

En Cuba está vigente una ley según la cual el importe de la comercialización de los bienes decomisados o confiscados durante procesos penales se abona al presupuesto del Estado.

El ordenamiento divide, según Juventud Rebelde, la responsabilidad de las diferentes entidades "depositarias" según la categoría de los bienes confiscados.

La normativa forma parte de la lucha contra la creciente corrupción en la isla, que ha llevado a los tribunales a funcionarios y directivos cubanos, así como empresarios extranjeros, algunos de los cuales han sido condenados a penas de prisión.

En mayo pasado, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, reconoció que la falta de control, la impericia y la corrupción están afectando los negocios en Cuba con capital extranjero.

En discurso ante el Parlamento, Castro pidió en julio pasado a los órganos estatales y del Gobierno, entre ellos la Policía, la Contraloría, la Fiscalía y los Tribunales, ser los primeros en dar ejemplo de apego irrestricto a la Ley y reforzar su autoridad ante la sociedad.