TEPJF revoca destitución de dos integrantes de Morena

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la destitución de dos dirigentes y ocho consejeros estatales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Guanajuato y Colima.

En sesión pública, la Sala Superior del máximo tribunal electoral del país ordenó además a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que les restituya sus derechos como integrantes de la asociación civil.

El pleno aprobó por mayoría de votos el proyecto del magistrado Manuel González Oropeza, que establece que dicha comisión no respetó la garantía de audiencia de Ernesto Prieto Ortega y Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, presidente y secretario de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en Guanajuato, respectivamente.

De igual forma, el órgano directivo incumplió su obligación de dar trámite a las demandas que presentaron los promoventes, con lo que violó sus derechos de acceso a la justicia.

Ante ello, la Sala Superior le impuso una amonestación pública y determinó que la comisión deberá reponer el procedimiento y emitir una nueva resolución; mientras tanto, los actores mantienen a salvo sus derechos como integrantes de la asociación civil y seguirán ocupando sus cargos directivos.

González Oropeza señaló que el TEPJF es competente para conocer y resolver estos medios de impugnación, en los que se alega la violación al derecho político-electoral de asociación de los actores, por ser un hecho vinculado al registro de una asociación ciudadana como partido político.

En su argumentación, el magistrado del Tribunal Electoral puntualizó que en este caso los promoventes fueron expulsados sin ninguna consideración ni procedimiento previsto en las leyes.

A su vez, el magistrado Pedro Esteban Penagos López consideró que en estos casos el TEPJF sí debe ejercer jurisdicción, pues en los juicios se aduce la violación al derecho fundamental de asociación, que tiene por finalidad la constitución de un partido político.

En tanto, la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa destacó que la actuación de las asociaciones civiles que ya iniciaron el procedimiento para obtener su registro como partido político debe obedecer no sólo a las leyes que les son aplicables, sino también estar supeditadas al régimen previsto en la legislación electoral.

Por su parte el magistrado Constancio Carrasco Daza consideró que la suspensión de los derechos de afiliados o la expulsión de un integrante de Morena por parte del máximo órgano de justicia de la asociación debe ser tutelada por el Tribunal Electoral a fin de determinar si se respetaron los derechos a un debido proceso.

Más adelante, al resolver nueve juicios ciudadanos, donde los promoventes se inconformaron con la suspensión de sus derechos como consejeros estatales en Colima, el pleno declaró fundados los agravios y ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia restituirles sus derechos.

En el análisis de estos asuntos, el pleno rechazó por mayoría de votos el proyecto de sentencia elaborado por la ponencia del magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos.

Luna Ramos se había pronunciado a favor del sobreseimiento de los nueve juicios, al considerar que el Tribunal Electoral no puede adentrarse en la resolución de estos asuntos en los que, a su juicio, no existe alguna afectación a un derecho político-electoral de los actores.

"Seamos claros: el acto reclamado lo emitió un órgano interno de una asociación civil; por ello el desechamiento de la demanda es necesario. De lo contrario estaríamos resolviendo temas fuera de nuestro alcance, con el pretexto de posibles violaciones a derechos político-electorales en potencia", apuntó.

En la sesión, la Sala Superior del TEPJF instruyó al Congreso de Michoacán a emitir, a la brevedad, la convocatoria para designar a los magistrados que integrarán el Tribunal Electoral de esa entidad durante los dos próximos procesos electorales ordinarios.

Lo anterior debido a que el pleno declaró fundados los agravios formulados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que denunció la omisión del citado congreso para designar a los juzgadores electorales.