Rechazan organizaciones ecologistas reforma energética en España

Organizaciones ecologistas rechazaron la reforma energética presentada por el ministerio español de Industria, Energía y Turismo, pues dijeron que no va a solucionar los problemas del sector eléctrico.

Para las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y World Wide for Nature (WWF) el proyecto oficial culpa de los males del sistema al desarrollo de las energías renovables y al descenso de la demanda eléctrica.

Pero nada dice de los enormes beneficios que obtienen las empresas de electricidad en un mercado distorsionado, muy poco transparente, y controlado por cinco grandes empresas, anotaron en un comunicado conjunto.

Ese análisis erróneo llevará a España a seguir importando y quemando combustibles fósiles, en una senda insostenible tanto a nivel ambiental como económico y social, agravando la contribución al cambio climático y destruyendo decenas de miles de empleos.

Consideraron que la reforma energética propuesta por el gobierno va contracorriente de la tendencia internacional de apoyo a las energías renovables como motor económico de futuro.

Además, esas energías limpias fomentan la independencia energética y luchan contra el cambio climático, agregaron.

Puntualizaron que sin embargo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se empeña en negar tales hechos, y desaprovecha las fuentes autóctonas, limpias y renovables.

Pusieron como ejemplo de hasta dónde llega la nueva reforma en su empeño por acabar con cualquier desarrollo futuro de las energías renovables es el Real decreto sobre autoconsumo.

"Dicho decreto, en lugar de fomentar el autoconsumo lo penaliza con una serie de barreras que imposibilitan que cualquier persona pueda producir su propia energía de forma limpia y más barata que la consumida desde la red", abundaron.

Incluso, el no registrarse como autoconsumidor en el ministerio conllevará incurrir en una falta muy grave tipificada con una sanción de hasta 60 millones de euros (79.6 millones de dólares).

Para las organizaciones ecologistas, el paquete normativo está diseñado para frenar el desarrollo de las energías renovables en favor de las tecnologías sucias (gas, carbón y uranio).

Además, de forma retroactiva, cambia normas para inversiones que ya se han producido lo que llevará a España a reclamaciones nacionales e internacionales, con la probable consecuencia de un costo mayor que el que se pretendía evitar, y con la segura pérdida de credibilidad del país, por lo que supone de total falta de seguridad jurídica.

Las organizaciones denunciaron asimismo la absoluta falta de transparencia mostrada por el ministerio de Industria, Energía y Turismo en la elaboración y tramitación de todo el paquete normativo.

Consideraron inaceptable disponer de solo diez días para cuestionar una normativa de esa naturaleza e importancia, especialmente cuando viene acompañada de un paquete de siete reales decretos, cuatro órdenes ministeriales, una resolución y un proyecto de ley, precedidas de un RD-Ley.