Revisan a represores en Argentina para evitar más fugas

El gobierno argentino anunció hoy que revisará la historia clínica de los represores de la última dictadura para evitar que, con pretextos de problemas de salud, logren fugarse como lo hicieron dos exmilitares la semana pasada.

Los ministros de Defensa, Agustín Rossi; Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y Salud, Juan Manzur, firmaron este lunes un convenio que establece la creación de una Comisión de Asesoramiento Médico.

Este nuevo grupo de trabajo revisará los antecedentes médicos de todos aquellos implicados en delitos de lesa humanidad que se encuentran internados o bajo tratamiento ambulatorio en dependencias hospitalarias de las Fuerzas Armadas.

Rossi explicó que la justicia analizará cada informe para determinar si los pacientes deben permanecer en dichos centros, si pueden ser trasladados al Hospital Penitenciario Central de Ezeiza o regresar a las cárceles comunes que les corresponden.

Alak explicó, por su parte, que lo más importante es que ningún prisionero "tenga algún tipo de privilegio", aunque garantizó el respeto a sus derechos humanos.

El pasado jueves, los represores Antonio Olivera y Gustavo De Marchi, quienes cumplían penas de cadena perpetua y 25 años de prisión, respectivamente, se fugaron del Hospital Militar Central de Buenos Aires.

Debido a la gravedad de la fuga, el director nacional del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, ordenó este viernes el pase a disponibilidad de oficiales y agentes responsables del traslado y seguridad de los presos.

A todos estos funcionarios ya se les inició un sumario para que se investigue su responsabilidad en un escape que conmocionó a los organismos de derechos humanos que tanto han luchado para que se lleven a cabo los juicios contra los represores.

Los acusados estaban detenidos en la provincia de San Juan, pero lograron ser llevados al Hospital Militar luego de que demandaran atención kinesiológica, siquiátrica y dermatológica.

El juicio en su contra culminó hace apenas tres semanas y en él fueron condenados otros cinco represores, todos ellos acusados de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita en perjuicio de 60 víctimas.