Advierte relator de ONU amenazas a derechos de indígenas en Panamá

El relator especial de la ONU para los pueblos indígenas, James Amaya, advirtió hoy sobre las amenazas a los derechos de los pueblos originarios de Panamá y llamó al Estado a proteger su propiedad y los recursos naturales.

"Existen varias amenazas sobre los derechos de los pueblos indígenas que ponen en riesgo los avances logrados", dijo Amaya, quien este viernes concluyó una visita de ocho días a Panamá para evaluar la situación de las etnias del país del istmo.

Indicó que durante sus entrevistas con dirigentes y con las comunidades bribri, guna, emberá, naso, ngäbe, buglé y wounaan "he constatado la riqueza de la diversidad cultural de los diferentes pueblos indígenas de Panamá.

Admitió que la preservación y el desarrollo de los indígenas en Panamá se debe "al reconocimiento de los territorios y de la autonomía otorgada por el Estado panameño a varios pueblos indígenas a través del sistema comarcal".

"Las comarcas son un importante ejemplo de afirmación de los derechos de los pueblos indígenas a nivel mundial, constituyendo un referente de protección de los derechos de propiedad y de autogobierno de los pueblos indígenas de otros países", destacó.

Incluso advirtió que la propia Constitución protege los derechos de los pueblos originarios.

Sin embargo, indicó que ese fundamento de protección "es en muchos aspectos frágil y precario".

"Una de las mayores inquietudes de los siete pueblos indígenas del país es el reconocimiento y la protección de sus territorios y recursos naturales", comentó Anaya, con un público formado por dirigentes indígenas.

Citó que una de las mayores preocupaciones fue la mostrada por los pueblos naso y bribri, quienes no disponen de reconocimiento comarcal, por lo cual llamó al Estado a atender ese reclamo.

Entre las denuncias recibidas por Amaya figura la presencia de "terceros" en sus territorios y fuera de ellos -colonos, madereros, agricultores, ganaderos-, con la consiguiente pérdida de recursos naturales, y fragmentación del control de las autoridades.

"Hago un llamado al Estado a cooperar con las autoridades indígenas para controlar y poner fin a estas inversiones y privatizaciones de tierras", indicó Amaya.

Durante su estancia en Panamá, el relator también recibió denuncias de violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra proyectos mineros en 2011 y 2012.

El relator hizo un llamado a las comunidades afectadas y al gobierno a mantener el diálogo para resolver diferencias, como las existentes con la construcción de hidroeléctrica en el occidente del país.

Amaya dijo que aunque ese proyecto está fuera de la comarca Ngäbe-buglé "su embalse inundaría tierras en un área anexa de la comarca con una afectación sobre los habitantes de la zona".

La cacique Ngäbe-Bugle, Silvia Carrera, manifestó su preocupación de que Amaya no haya llamado a cancelar el proyecto y expresó su temor de que cuando sea emitido el informe la obra haya concluido.

"El pueblo tiene todo el derecho de tomar acciones", indicó Carrera, sobre eventuales protestas si el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco continúa.

Para Amaya el problema radica en que no hubo consulta con los indígenas antes de entregarse la concesión.

"No se debería proceder a la inundación de las tierras del pueblo näbe, ni afectar de otra manera sus tierras sin un acuerdo previo sobre las consecuencias de tal inundación", indicó.

Las preocupaciones mostradas por el pueblo indígena panameño forman parte de un patrón común sobre las demandas de otros grupos étnicos de América Latina sobre el respeto a su derecho a la tierra y sus recursos naturales, comentó Amaya.

"Vemos lo largo de los países latinoamericanos y de otras regiones del mundo, expresiones de preocupación y denuncias sobre proyectos energéticos, de desarrollo, y extracción de recursos naturales", comentó.

En todos ellos "un elemento común es la falta de consulta adecuada antes de los proyectos", dijo.

El relator elaborará un informe con recomendaciones para ser presentado el próximo año al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero aclaró que sus sugerencias "no son vinculantes".

Durante su estancia en Panamá, Amaya también se reunió con representantes del Ejecutivo, Judicial y Legislativo.