Cruzada contra Informalidad requerirá de innovación, opina experto

La Cruzada contra la Informalidad la Cruzada contra la Informalidad requiere de innovar, "hacer cosas nuevas, tener más ingenio para sacar a la gente de esa condición de informalidad en la que está", consideró el investigador Raymundo Tenorio.

Sin embargo, el especialista del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) advirtió en entrevista que habrá sectores que se resistirán al plan anunciado por el Ejecutivo federal, debido a que les resulta más redituable permanecer en esa condición.

"Tenemos un desorden, el régimen fiscal de los pequeños contribuyentes hace que algunos taqueros se ganen miles de pesos los fines de semana y paguen una cuota del Régimen de Pequeños Contribuyentes de 230 pesos al mes", planteó.

También, añadió, hay personas que están en la informalidad porque vender cosas robadas o apócrifas les generan ganancias cuantiosas, por lo que "es un fenómeno sistémico que tiene que irse resolviendo poco a poco".

De acuerdo con el director de la carrera de Economía de la Escuela de Negocios del ITESM, la Cruzada debe involucrar a los gobiernos estatales, toda vez que de 30 millones de personas en esa condición 26 millones se ubican en las entidades federativas.

Consideró asimismo que la informalidad requiere de incentivos, por lo que los trabajadores de ese tipo pueden incrementar su productividad si reciben un microcrédito lo cual de ninguna manera significa asumir la función de un Estado paternalista o regalar dinero, sino de impulsar a esas personas.

"No sólo se trata de convencer y afiliar a trabajadores a una prestación mínima de seguridad social como puede ser el seguro, o bien una cotización en la Afore o una prestación como puede ser un fondo para la vivienda", enfatizó.

Respecto a la informalidad en los estados, advirtió que si únicamente el Gobierno Federal participa en la cruzada continuarán las estructuras de corrupción que permiten esa práctica en entidades federativas y municipios.

A su parecer, el Gobierno Federal debe además formalizar a casi 100 mil trabajadores que están en esa condición y que le prestan algún servicio, pues "el buen juez por su casa empieza".