Rechazan ordenanza que prohíbe rentar vivienda a indocumentados

Una corte de apelaciones de Estados Unidos declaró por segunda vez anticonstitucional una ordenanza municipal que prohíbe rentar viviendas a inmigrantes indocumentados en la comunidad texana de Farmers Branch, al norte de Dallas.

La ordenanza, aprobada por el cabildo de Farmers Branch en enero de 2008, pretendía exigir a quien buscara rentar apartamentos o casas en esa ciudad, presentar pruebas de ciudadanía estadunidense o residencia legal en Estados Unidos.

La Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, dictaminó la víspera que la ordenanza es anticonstitucional, pues usurpa la autoridad del gobierno federal.

El fallo pone fin a un segundo intento de la ciudad de Farmers Branch para validar la ordenanza.

En septiembre pasado, las autoridades de Farmers Branch solicitaron a la Corte Federal de Apelaciones revisar de nuevo la legalidad de la ordenanza, a pesar que tres jueces de esa instancia ya habían dictaminado que el estatuto era anticonstitucional.

El pleno de la corte aceptó revisar la ordenanza ante la insistencia de los representantes de Farmers Branch de que existían ahora nuevas condiciones que afectan el estatuto.

Los abogados del suburbio de Dallas expusieron entonces que la constitucionalidad de la ordenanza debía ser revisada de nuevo, debido a la influencia que tiene sobre la misma, el fallo de junio de 2012 de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, sobre la ley antiinmigrante SB 1070 de Arizona.

En su dictamen, el máximo tribunal judicial del país, rechazó las principales partes de la SB 1070, pero autorizó que una previsión de la ley que permite a los policías de Arizona a cuestionar sobre el estatus migratorio a las personas que detienen, si existe sospecha razonable de que pudiera tratarse de un inmigrante indocumentado.

Los magistrados de la Corte Federal de Apelaciones criticaron la ordenanza de Farmers Branch y reprobaron el plan de la ciudad para multar o revocar las licencias de los propietarios que alquilan a inmigrantes indocumentados.

"La ordenanza no sólo tipifica como delito la ocupación de un piso de alquiler o residencia unifamiliar, ya que también pone a los funcionarios locales en la posición inadmisible de arrestar y detener a las personas en función de su estado de inmigración sin la dirección y supervisión federal", dictaminó la Corte en su fallo.

Hasta mayo pasado, la ciudad que constituye un suburbio de Dallas, había gastado unos seis millones de dólares desde 2006 en los gastos legales para hacer valer la ordenanza y ponerla en vigor.

La ordenanza nunca ha podido entrar en vigor. Grupos opositores a la misma obtuvieron una suspensión temporal poco después de su aprobación.