Burocracia y costos frenan a empresas forestales: expertos

Aunque en México 60.3 por ciento de los terrenos forestales son de propiedad comunal o ejidal, las empresas forestales comunitarias enfrentan altos costos de operación y burocracias excesivas que disminuyen su competitividad.

Esa es la conclusión a la que llegaron los investigadores de la organización ecologista Rainforest Alliance, Benjamín D. Hodgdon y Francisco Chapela, y de la Universidad Internacional de Florida, David Barton Bray, en su estudio "La silvicultura comunitaria en México".

Los investigadores advierten que los modelos de negocio adoptados por algunas comunidades, como asociaciones estratégicas y costos compartidos, han demostrado altos niveles de eficacia.

Por ejemplo, citan el caso de la Unión de Comunidades Forestales Zapotecas y Chinantecas, en la Sierra Norte de Oaxaca, que desde hace 25 años maneja con gran éxito una zona de 23 mil hectáreas.

También el caso de la empresa TIP Muebles, formada por la asociación de empresas comunales indígenas de Textitlán, Ixtlán y Pueblos Mancomunados de Oaxaca, que empezó vendiendo muebles escolares en 2006 y hoy cuenta ya con ocho tiendas en el centro y sur de México.

Sin embargo, se trata de pocos ejemplos para el potencial de un país en el que 60.3 por ciento de los terrenos forestales se encuentran bajo régimen de propiedad comunal o ejidal.

De acuerdo con los investigadores, los costos de los permisos y la excesiva burocracia a la que se enfrentan las comunidades cuando pretenden realizar negocios legales a través de empresas forestales, son altísimos y les restan competitividad.

Señalan que uno de los costos más altos es el del Programa de Manejo Forestal, que puede costar entre 30 y 105 pesos por hectárea.

Presentan el ejemplo de una empresa forestal comunitaria establecida en una zona de bosques templados de 25 mil hectáreas, que debió pagar dos millones 837 mil pesos de costos totales desde la preparación de su programa de manejo forestal hasta su operación.

En ello se incluyen servicios técnicos, servicios profesionales de contabilidad y finanzas, servicios notariales y hasta gastos de viaje para acudir a las capitales de los estados a realizar trámites, a menudo ante diversas dependencias.

Frente a ese panorama, los investigadores recomiendan revisar y armonizar las políticas públicas, para evitar la sobrerregulación y disminuir los costos para las comunidades, sin que ello signifique renunciar a la legítima protección de los bosques.