Revelan limitado papel parlamentario sobre préstamos internacionales

Existe un control parlamentario limitado sobre los acuerdos de préstamos otorgados por el Banco Mundial (BM) o del Fondo Monetario Internacional (FMI), concluyó hoy un informe de la Unión Interparlamentaria (UIP).

Más del 40 por ciento de los parlamentos carecen de autoridad legal para ratificar los préstamos negociados por sus gobierno con esas instituciones, reveló la encuesta realizada en forma conjunta por la UIP y el BM.

Además, casi dos tercios (64 por ciento) de los parlamentos no reportan participación alguna en cualquier etapa del proceso de aprobación de ese tipo de instrumentos.

El estudio ''Control parlamentario de los acuerdos de préstamos internacionales y procesos conexos'', busca mejorar los resultados del desarrollo mediante el fortalecimiento del papel de la rendición de cuentas de los parlamentos, explicó UIP en un comunicado.

Involucrando a casi 100 países en desarrollo, este el primer intento de contar con un cuadro global en este tema y asuntos conexos como la adopción de los Documentos de Estrategias de Lucha contra la Pobreza (DELP), y la vigilancia macroeconómica del FMI.

"El control parlamentario de los préstamos del país es importante porque los préstamos vienen a menudo con condiciones exigiendo cambios en la política o la legislación que pueden perjudicar la vida de los ciudadanos ordinarios, como se puede apreciar en el caso de la austeridad fiscal, la desrugalación, etcétera.", subrayó el Secretario General de la UIP, Anders B. Johnsson.

"Los parlamentarios deberían poder decidir si un préstamo es realmente necesario y considerar si representa una carga para el presupuesto del país", indicó.

La mayoría de los parlamentos tienen autoridad legal para ratificar los préstamos del BM o el FMI, pero su participación es muy variable en la práctica y a menudo se ve obstaculizada por una capacidad limitada.

Por ejemplo, casi la mitad (47 por ciento) de esos parlamentos se limitan a aceptar o rechazar estos acuerdos en su totalidad y sólo 29 por ciento puede solicitar modificaciones reales al acuerdo.

El estudio encontró que cuando los parlamentos están obligados por ley a ratificar esos documentos, tienden más a involucrarse en otras etapas del proceso de aprobación.

En casi dos tercios de estos parlamentos (65 por ciento), esto se lleva a cabo a través del sistema de comisiones, y muchas veces por más de una comisión, lo que sugiere un nivel bastante alto de examen.

"El informe muestra que el tener un marco legal bien elaborado para la ratificación parlamentaria de los acuerdos de préstamo fortalece el proceso general de control", expresó Johnsson.

"Es necesario que los parlamentos con los marcos legales existentes examinen sus propios procedimientos de control para asegurar que sean eficaces e irrefutables. Aquellos que no cuentan con uno deberían desarrollarlo", concluyó.