Pagarán mineras derecho especial en beneficio de comunidades

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que establece el pago de un derecho de cinco por ciento del ingreso de empresas mineras en beneficio de los estados y municipios en donde operan.

La propuesta fue avalada en lo general por 359 votos a favor, 77 en contra y 19 abstenciones, y después aprobada en lo particular tras modificar el artículo primero transitorio sobre el tiempo para su entrada en vigor.

El dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal estableció el pago de una compensación de cinco por ciento a las actividades de extracción de sustancias minerales, respecto de los ingresos acumulables netos de las empresas del rubro.

Indicó que la recaudación prevista conformará el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, de nueva creación.

Dicho fondo, agregó el documento, deberá beneficiar esencialmente a las entidades y municipios en donde se realizan las actividades de extracción, mediante obras de beneficio social a las regiones y comunidades.

Los recursos del fondo de aportaciones deberán emplearse en inversión física con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, como la construcción de centros escolares, pavimentación de calles, instalación y mantenimiento de alumbrado público y obras que preserven áreas naturales.

El documento acordado proyecta instalar un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, que se encargará de aplicar los recursos del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros y planificar las obras que se realizarán con los recursos de éste.

El comité lo integrarán un representante de la Administración Pública Federal, uno del gobierno de la entidad federativa o del Distrito Federal, uno del municipio donde se localicen las actividades mineras y un representante de las empresas mineras con actividades relevantes en la demarcación.

En caso de que la extracción de minerales se realice en comunidades indígenas o agrarias, subrayó, se incluirá en el comité un representante de dichas comunidades.

En la discusión en lo particular, el pleno aprobó una modificación propuesta por el diputado Tomás Torrés Mercado, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al artículo primero transitorio del dictamen.

Dicha propuesta es que el decreto entre en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en lugar de al día siguiente, precisó.

Al fundamentar el dictamen que reforma la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal, el diputado Adolfo Bonilla Gómez, del PRI, afirmó que la reforma que aprobó este jueves la Cámara de Diputados en materia de minería beneficiará a más de 70 millones de mexicanos que habitan en 612 municipios de 24 estados.

Aseguró que la propuesta pretende establecer un derecho especial de minería de cinco por ciento de la utilidad neta y esto, aseguró, no perjudicará a los trabajadores en el reparto de utilidades.

"Hoy damos un paso en el sentido correcto de compensar a las comunidades mineras del país, haciendo efectivo el anhelo de hacer congruentes la riqueza del subsuelo con las carencias de la superficie", dijo.

Al establecerse el Fondo Nacional de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, de nueva creación, se hace justicia a las comunidades que podrán recibir 70 por ciento del pago de derechos de las empresas del ramo, subrayó.

Estos recursos, señaló, no podrán ser empleados en gasto corriente, sino en obras de infraestructura física como son centros escolares, pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, alumbrado público, rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua residuales, obras de drenaje público y manejo de residuos sólidos.

De igual manera, dijo, tendrán que ser utilizados en proyectos de mejora de la calidad del aire, rehabilitación de ríos y cuerpos de agua y obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana y el transporte masivo.

Precisó que México es una potencia minera a nivel mundial, ya que el valor anual de la producción en 2011 fue de 20 mil 148 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Economía.

Esta actividad se desarrolla en 24 estados del país, donde destacan Sonora, primer lugar en oro; Zacatecas, primer lugar en plata; Chihuahua, primer lugar en plomo; Coahuila, primer lugar en fierro y carbón; San Luis Potosí, primer lugar en fluorita, y Durango, primer lugar en bentonita y perita.

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Zacatecas subrayó que las empresas mineras generan más de 330 mil empleos directos, y más de un millón 500 mil indirectos.

A nombre de Nueva Alianza habló María Sanjuana Cerda Franco, quien mencionó que con este dictamen aprobado se fortalece la economía de las zonas mineras, al proponer cinco por ciento de contribución adicional acorde a la utilidad neta obtenida.

Al fijar la postura del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el diputado Trinidad Morales Vargas explicó que se trata de gravar para el beneficio de las comunidades y municipios.

"No se puede seguir manteniendo en la situación de miseria, de atraso y olvido a nuestros pueblos y comunidades que han dado riqueza al mundo, que han dado riqueza a mexicanos, pero fundamentalmente a extranjeros", subrayó.

A nombre de la fracción legislativa del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil señaló que con el cinco por ciento que se va a cobrar a las empresas mineras las comunidades podrán tener una retribución monetaria para aplicarlo en beneficio de la comunidad en donde ellos crean más conveniente.

"Es tiempo de hacer justicia a los pueblos que han sido mineros durante muchos años, ya que a la postre, cuando se van estas empresas, se quedan sin empleo y con una tremenda devastación de la tierra", externó la diputada petista.

Explicó que este cinco por ciento será de la ganancia bruta de la empresa, lo que deja fuera a los salarios pero no a las inversiones, se dividirá en partes para que tanto el Gobierno Federal como el municipal obtengan una ganancia, y el restante será para la libre decisión de las comunidades.

"Lo que se busca es que aparte de las instituciones gubernamentales las personas puedan decidir en qué se va a gastar el dinero que se recaude de este impuesto, y esta es una aportación que hace el PT al dictamen", resaltó.